20 de December de 2014 20:39

El metro demanda de gran apoyo del Estado

En el sector de La Magdalena, en el sur, funcionará una de las 13 paradas del Metro. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

En el sector de La Magdalena, en el sur, funcionará una de las 13 paradas del Metro. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Mayra Pacheco

La participación del Gobierno Central en la construcción del sistema Metro ha sido mayoritaria en seis capitales latinoamericanas. Los proyectos emprendidos, entre 1995 y 2014, en Medellín, Lima, Panamá, Santiago, Santo Domingo y Bogotá han recibido aportes del Estado de entre el 40% y el 100%.

En Colombia, incluso, se cuenta con una normativa. En 1996, un año después de que empezara a operar el Metro de Medellín, se aprobó la Ley 301. Esta establece que el Gobierno Nacional puede financiar hasta un 70% de la construcción de estos proyectos.

La participación del Estado predomina también en Lima, Panamá, Santiago y Santo Domingo. En estos casos, el Metro ha sido una obra impulsada por los presidentes de turno. Los costos a los que ascienden estos sistemas de transporte oscilan entre USD 1 600 millones y USD 5 827 millones, según reportes de las empresas encargadas de su administración.

La iniciativa del Metro de Quito surgió en la anterior administración municipal. El costo referencial del proyecto era USD 1 500 millones. Se lo iba a ejecutar con la contribución del Gobierno Central en un 50%, y del Municipio, el otro 50%.

Sin embargo, la brecha financiera que se produjo tras conocerse las ofertas económicas para la construcción del túnel y paradas generó un desfase en estas cuentas. La ejecución del Metro, pensado para que sea la columna vertebral del sistema integrado de transporte en Quito, demandará entre USD 500 millones y USD 1 430 millones adicionales al precio inicial. Hasta ahora no se conoce quién asumirá la diferencia.

El Cabildo analiza posibles propuestas para conseguir más recursos. La postura del Gobierno es entregar el monto acordado (USD 750 millones). Pero este aporte ya no sería suficiente. Según la Empresa Metro de Quito, en promedio esta obra costaría, en el mejor de los casos USD 2 005 millones.

Sergio Garnica, jefe del bloque SUMA-Vive en el Cabildo, mencionó que espera que el Gobierno Central honre su compromiso establecido en el Decreto Ejecutivo 750.

En este documento, emitido en mayo del 2011, se señala que el Gobierno asumirá al menos el 50% del costo del Metro. No se precisan valores.

Para el Municipio de Quito cubrir por sí solo la diferencia financiera de este proyecto, al menos USD 500 millones, resulta difícil. Legalmente, el Municipio puede adquirir deudas que no superen el 200% de su presupuesto. Incluyendo los USD 750 millones que destinaría para construir el Metro, el Municipio llega al 180%.

Garnica considera que el apoyo del Estado es fundamental. “Se deberían plantear posibles salidas para cubrir la brecha económica, en lugar de cuestionar a la actual administración municipal”.

Para Jorge Albán, concejal de Alianza País, la participación del Estado en el proyecto Metro de Quito está definida. Hay la voluntad del Gobierno Central para apoyar la construcción de esta obra. Sin embargo, sostiene, la responsabilidad de conseguir más recursos recae sobre la Municipalidad, por ser una obra impulsada por el gobierno seccional.

Para el edil, la situación de las ciudades vecinas que también han apostado por este sistema difiere de Quito. Estas urbes tienen “menos capacidad” y no cuentan con la competencia del control del tránsito, que tiene la capital ecuatoriana, en su totalidad, desde agosto pasado.

Pero eso no resuelve el problema económico para asumir la ejecución del Metro de Quito, dice Mario Villagómez, director del Observatorio Ciudadano de la Movilidad. Él explicó que los gobiernos seccionales no cuentan con suficientes recursos para apostar por estos sistemas.

El presupuesto de Quito, para el 2015, asciende a USD 1 077 millones; el del Estado ecuatoriano es de 36 317 millones. “Si se asume nuevas deudas no se podría invertir en otras obras”, dice.

La participación del Municipio en el proyecto debería enfocarse en articular el Metro con todo el sistema de transporte público y con el crecimiento de la ciudad, sostiene Fredi Paredes, docente universitario. “El Metro debería ser costeado en su mayoría por el Estado”.

Si esto no se concreta, el Observatorio de Movilidad sugiere, al Cabildo y al Gobierno Central, llegar a acuerdos con la empresa privada. El interés que muestren estas entidades reflejará la confianza en los estudios realizados para este proyecto de transporte masivo.

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