26 de December de 2009 00:00

Metidos en Honduras...

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José Ayala Lasso

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Uno de los importantes temas internacionales no resueltos al terminar el año es el de Honduras.

La Constitución hondureña prohíbe ser Presidente a quien ya hubiere desempeñado tal función. No podrán ser sometidos a consulta popular los proyectos orientados a reformar esa norma. Quien los proponga cesará en el desempeño de sus funciones y quedará inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

 El presidente Zelaya puso en marcha un proyecto que buscaba facilitar su reelección. La consulta al pueblo debía realizarse el 28 de junio, día en que fue derrocado.
 La Corte Suprema de Justicia había dispuesto la suspensión del proceso de consulta e inició un juicio contra Zelaya a quien acusó, según lo prevé la Constitución, de “traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones”, dictando en su contra una “orden de captura y allanamiento”.

 El Congreso, basado en el pronunciamiento de la Corte, reconoció a su presidente, el señor Micheleti, como jefe de Estado.
 
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001, afirma que los “pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”; señala como un elemento esencial de la democracia “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho”; y añade que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales,  la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
 
Ciertamente, el orden constitucional se rompió en Honduras cuando Zelaya fue expulsado del país. Pero su decisión de  buscar ser reelegido era penada y demostraba una falta de responsabilidad en la gestión pública.
 
La condena internacional a la expulsión de Zelaya fue amplia y general. La defensa de la democracia así lo exigía. No faltaron los tropicalismos de quienes anunciaron el envío de tropas a Honduras o su decisión de ir a Honduras, “lindo país para morir”.
 
Ni las acciones de la OEA ni la iniciativa del Brasil de acoger a Zelaya en su Embajada, ni el acuerdo propiciado por el Presidente de Costa Rica pudieron resolver la crisis.
 
Finalmente, el 29 de noviembre el pueblo hondureño dio su dictamen democrático en las elecciones. Ganó el señor Lobo. Vox populi, vox Dei.
 
América está polarizada. La OEA luce desorientada, como algunos de sus miembros. Muchos países han anunciado que no reconocerán el resultado electoral. Otros ya lo han hecho.
Parecería que el paso del tiempo  consagrará el statu quo. La acción multilateral ha demostrado sus límites y su poca eficacia. 

Pese a  todo, la lucha por  la democracia debe continuar en lo interno y en lo internacional.

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