24 de March de 2010 00:00

6 meses sin aclarar el caso Cedeño

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Redacción Judicial

La familia de Hernán Cedeño lleva seis meses sin conocer sobre su paradero. Él supuestamente desapareció luego de ser capturado por agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), de la Policía, el 30 de septiembre del 2009.

El caso se reactivó esta semana, tras la intervención del  ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, ante la Fiscalía General.

Ayer, el funcionario instó al comandante de la Policía, Freddy Martínez, que “entregue en esta misma semana un informe contundente” del caso.   

La denuncia de la supuesta desaparición reposa en la Defensoría del Pueblo desde el 5 de octubre del 2009. Allí se dice que  Cedeño, junto a  tres hermanos, fue interceptado en el sector de El Inca (norte de Quito) por siete personas que se  identificaron como agentes del GAO.

El relato de uno de sus hermanos consta en la denuncia No. 109-VMMG-2009. Allí asegura que los policías se acercaron y los obligaron a recostarse sobre el piso. Luego  “nos   esposaron y  subieron a dos camionetas Dimax sin que presenten la orden judicial que justifique la detención”.

Una vez en las oficinas del GAO, en la Policía Judicial de Pichincha supuestamente fueron golpeados, amarrados y vendados.   “En la noche   nos sacaron  de allí  en dos carros, a otros sitios”, contó uno de los afectados.

Fueron abandonados en diferentes sectores de la ciudad, con excepción de Hernán Cedeño, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

La Policía entregó  al Ministro de Gobierno un  informe por  escrito del caso, pero según Jalkh,  el documento no fue “contundente en establecer y esclarecer la manera cómo este ciudadano habría desaparecido o no”.

Ayer, el Ministro insistió en que sus pedidos   se hicieron desde octubre y que la respuesta de la Policía debe ser inmediata.

La Comisión Ecuménica de los Derechos Humano (Cedhu) también conoció el caso.   Su directora, Elsie Monge,  indicó  ayer  el oficio  número  0533  que el 29 de noviembre  del año pasado envió  a  la  Comandancia y a la Inspectoría de la Policía.  Allí,  Monge pide explicaciones de la desaparición.  “En los últimos años han sido múltiples las denuncias de tortura  y ejecuciones extrajudiciales denunciadas a través de los  medios de comunicación”.   Según Monge  no hubo respuesta.

El comisionado   de Pichincha de la Defensoría del Pueblo,  Jaime Hernández,   también informó del caso  al Comandante de la Policía. Lo hizo el  12 de octubre. Cuatro días después, el jefe policial  indicó que mediante trámite  número  9109  “se ha dispuesto  la apertura  de la   investigación respectiva  a la Inspectoría General” .

Mediante memorando  9109-2009-CG se hizo el mismo requerimiento  a la Dirección  Nacional de la Policía Judicial.

En ese comunicado,  Martínez   citó el  artículo  19  de la Ley Orgánica  de la Defensoría del Pueblo  e indicó que  “se notificará  a  los presuntos responsables  de  las acciones  u omisiones, para que contesten  en un plazo  de ocho días...”.

Ayer,  este Diario buscó una versión  en la Policía, pero   se dijo que los jefes policiales que conocen del tema estaban  en una reunión.
En el expediente  de la Defensoría del Pueblo aparecen  fotografías   de las supuestas  agresiones  que los agentes del GAO habrían provocado a los hermanos de Cedeño, tras su detención.

Un ex agente del GAO aseguró que los detenidos estaban vinculados con actos delictivos y que tenían antecedentes penales. Pero Jalkh   dijo que   no se puede  dejar de lado un tema  “tan importante  como los Derechos Humanos”. Todas las personas, agregó, tienen derecho a que se les siga el debido proceso, aunque tengan antecedentes penales”.

 El fiscal Washington Pesántez, quien  conoció el pedido de investigación del Ministro de Gobierno, aseguró  que abrirá en los próximos días una instrucción.  

Solo en el 2009, la  Cedhu  registró  66 denuncias  de torturas  provocadas  por  “agentes destinados al proceso de investigación”.

Jalkh  reconoció que   debido a la serie de denuncias contra  agentes del  GAO decidió reestructurar y eliminar la unidad. Desde 2009 funciona en su reemplazo la Unidad Antidelincuencial, que opera en el edificio de la Policía Judicial de Pichincha.

Pero Monge cree que este cambio no  es suficiente. Afirmó que los jefes policiales deberían garantizar  que los  elementos que trabajaron  en el Grupo de Apoyo Operacional no sigan en la nueva unidad. “Se pueden reproducir las prácticas”. Además, que hace falta reforzar la formación en DD.HH. de los policías.

Una nueva unidad

El Ministerio de Gobierno  creó en noviembre del  2009 la  Unidad de Lucha  Antidelincuencial, en reemplazo del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). En la actualidad opera en Quito y Guayaquil, en la Policía Judicial. 

El grupo se planteó  como objetivo    desmantelar  a las bandas delictivas que operan  en el país. Más de    300  policías integran la Unidad  y según el Ministerio de Gobierno se hizo una preselección para elegir  a los mejores cuadros policiales.

El surgimiento de la  Unidad se dio dentro de un proceso de reestructuración de la Policía Judicial. También fue una respuesta a la serie de denuncias contra el GAO que el Gobierno receptó por presuntas violaciones a los DD.HH.

El Gobierno ofreció  USD 4 millones a la Unidad, para la adquisición de equipos. Se dijo que sus integrantes serán expertos en el trabajo de Inteligencia y que antes de pertenecer al grupo deberán pasar por el detector de mentiras.

En el caso Terranova también estuvo involucrado el GAO 
 
El 24 de junio, la    Policía presentó a seis  de los supuestos implicados en el robo de la joyería, ubicada en un centro commercial.
Miguel Cadena, uno de los detenidos, dijo que los policías del GAO lo torturaron   para que se declare  culpable del robo a la joyería.
Jaime Hernández, defensor del Pueblo, abrió un proceso contra ocho policías por el caso Terranova. También son indagados penalmente.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)