11 de febrero del 2015 00:00

El Estado se enfrenta al Estado por Mery Zamora

Mery Zamora

Mery Zamora (centro), a su salida de la audiencia, pidió a los jueces que ratifiquen su estado de inocencia por el 30-S. Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Estefanía Celi. Redactora (I)
eceli@elcomercio.com

Un juicio tiene dos partes: un demandante y un demandado. Ayer la Fiscalía, una entidad del Estado, acusó de vulneración de derechos a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), otro ente del Estado, por la sentencia en la que se ratificó la inocencia de Mery Zamora.

Lo hizo a través de una acción extraordinaria de protección, interpuesta ante la Corte Constitucional. Galo Chiriboga, fiscal general, alega que la sentencia no tiene motivación suficiente y que con ella se vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica. Habla -según dice- en representación del pueblo ecuatoriano, pero presenta la acción a su nombre, como titular de la Fiscalía.

Ayer se desarrolló la audiencia dentro de esa acción constitucional, con la que se busca que la sentencia de la CNJ sea revertida y el caso regrese a casación. La causa está en manos de la jueza Ruth Seni Pinoargote, quien deberá presentar un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte Constitucional pero no tiene plazo para hacerlo.

La sala de lo Penal de la CNJ ratificó la inocencia de Zamora en mayo del 2014, después de ser declarada culpable en las dos primeras instancias de rebelión y sabotaje por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

El tribunal estaba integrado por los jueces Jhony Ayluardo, Mariana Yumbay y Ximena Vintimilla. Los tres fueron separados de sus puestos en enero, tras las evaluaciones para la renovación de la CNJ.

Zamora vuelve a hacer frente a la justicia ocho meses después de haber evitado una condena de ocho años de cárcel por sabotaje y terrorismo. Por ello, un grupo de simpatizantes se tomó ayer la vereda frente a la Corte Constitucional.

Con carteles, banderas, camisetas, pitos y pancartas reclamaron por Zamora. Gran parte de ellos llegó desde Manabí, de donde ella es originaria, para apoyarla en un nuevo enfrentamiento a la justicia.

Chiriboga llegó puntual a la diligencia, pero tuvo que evitar a este grupo de gente para ingresar a la Corte. “En la ­sentencia no hubo una tutela efectiva de los derechos, y ¿a qué derechos nos referimos? A los que representa la Fiscalía, que son los del pueblo ecuatoriano. No se respetó la gravedad, la conmoción que causaron los hechos del 30-S”, dijo durante su intervención
en la audiencia pública.

El Fiscal habló 20 minutos en representación de la parte acusadora del Estado. Al lado opuesto de la sala, nadie estaba para defender a la otra parte del Estado. Ningún representante de la Procuraduría se presentó en la diligencia y nadie acudió en representación de los jueces de la CNJ que sentenciaron.

Quienes sí estaban allí eran los terceros interesados: Mery Zamora junto a sus abogados, Juan Vizueta y Pedro Granja. Ellos centraron sus intervenciones en la contradicción que resulta el hecho de que el mismo Estado se acuse de vulneración de derechos.

“Nunca debió siquiera haberse admitido a trámite esa acción extraordinaria de protección”, aseguró Vizueta con base en el artículo 1 de la Constitución, que -dice- asegura la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y no de las entidades del Estado.

Granja agregó que un ente público no puede alegar la vulneración de la seguridad jurídica porque, cuando lo hace, generalmente eso significa la inseguridad de las personas.

La Constitución, en su artículo 94, no especifica quién puede interponer esta acción.

La audiencia duró menos de una hora. Terminada la exposición de los defensores de Zamora, Chiriboga no hizo uso de su derecho a réplica y la diligencia terminó.

A su salida, nuevamente tuvo que evitar a los simpatizantes de la profesora, que a pesar del amplio cordón policial que lo rodeó se dieron maneras de alcanzarlo y gritar, también con altoparlantes, por la inocencia de Mery Zamora.

Una vez cumplida esta diligencia, siete meses después de que la Fiscalía interpusiera la demanda, la jueza Seni debe evaluar las intervenciones en la audiencia y elaborar un proyecto de sentencia para conocimiento del Pleno de la Corte, que es el que resuelve.

Si se declara la vulneración de los derechos, el caso regresaría a casación, para conocimiento de tres nuevos jueces.

En contexto

Mery Zamora fue acusada de terrorismo y sabotaje por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La Fiscalía la señala por supuestamente haber incitado a los estudiantes del Colegio Aguirre Abad, de Guayaquil, a salir a las calles.

La Cronología

Octubre del 2010


La Secretaría de Educación acusó a Mery Zamora de usar a estudiantes con fines políticos y proselitistas durante la revuelta policial del 30-S.

Mayo del 2013

El Tribunal Décimo de lo Penal del Guayas declara a Zamora culpable del delito de terrorismo y sabotaje y dicta ocho años de cárcel. En noviembre del 2013, la apelación es negada.

Mayo del 2014

Un tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratifica la inocencia de Zamora. Alega que los hechos no se apegan al tipo penal con el que fue acusada y juzgada.

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