La declaratoria de persona no grata a la Embajadora de EE.UU. en Ecuador tiene el innegable impacto de entorpecer la posibilidad de contar con preferencias arancelarias para varios productos, con las consiguientes consecuencias.
Al parecer del canciller Patiño, el honor presidencial vale más que las preferencias arancelarias, pero quizá no se tomaron en cuenta los graves impactos sociales que una medida extrema podía causar antes de adoptar una decisión de tal envergadura.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) establece que unos 500 000 empleos tienen que ver con las exportaciones ecuatorianas a EE.UU.
Los trabajadores, empleados, transportistas y empacadores de flores, atún, madera y brócoli podrían verse afectados. Además, los empleados de las empresas de EE.UU. que invierten en el país, según el Observatorio de Comercio Exterior.
Sin preferencias arancelarias y en vista de que el Gobierno renunció a buscar un tratado comercial con EE.UU., países vecinos como Perú y Colombia pudieran copar nuestros cupos de exportación; el primero ya firmó un tratado y Colombia está a punto de hacerlo. De modo que hay fundados temores de que el Ecuador pudiera quedar marginado del mercado de EE.UU., su principal socio comercial, le pese a quien le pese por prurito ideológico.
Las autoridades tratan de minimizar los impactos. La ministra Katiuska King endilga a los medios haber sobredimensionado el tema. Si el Atpdea no es tan importante, ¿por qué el Gobierno, antes del incidente diplomático, ya hablaba del plan B para atenuar los impactos y compensarlo con dinero? Entonces, no parecía una exageración ponderar las posibles consecuencias de la no renovación.