26 de November de 2014 21:15

Cuatro de los mejores puntuados al CNE, con denuncias en sus carpetas

Red de Mujeres Políticas

La Red de Mujeres Políticas (Rempe) organizó una protesta el 17 de noviembre, en las afueras de Carondelet, durante el cambio de guardia presidencial. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

El Colectivo Red de Mujeres Políticas del Ecuador (Rempe) denunció inconsistencias en los expedientes de una docena de aspirantes a ocupar las dos vacantes que se abrirán en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El oficio fue entregado a la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), el 6 de noviembre.

El sorteo público para definir a los dos consejeros electorales que deberán dejar sus cargos será hoy, a las 10:00 (ver recuadros). Con ello, se iniciará la fase de oposición que evaluará el nivel de conocimientos sobre administración pública, derecho electoral, constitucional, entre otros, a los 66 postulantes que aspiran a sucederlos.

La Rempe estudió esas carpetas y descubrió inconsistencias en una docena de ellas. De los cinco mejor puntuados, cuatro constan en la denuncia: Ramón Torres, Gloria Buenaño, Gloria Toapanta y Mónica Rodríguez.

Torres fue asesor de la Presidencia, embajador en Venezuela y embajador itinerante para Temas Estratégicos. Rodríguez fue funcionaria del Instituto de Altos Estudios Nacionales, asesora en la Asamblea Nacional y también coordinadora de su Unidad de Técnica Legislativa.

Buenaño fue asesora en los ministerios de Agricultura, Coordinador de Seguridad y funcionaria del de Inclusión Social. Toapanta fue jefa política en el Ministerio del Interior.

Este Diario cotejó la denuncia con los documentos de los participantes, publicados por el Cpccs. En el expediente de Torres, la Rempe apunta que sus certificados laborales confirman un caso de pluriempleo, prohibido por la ley.

El certificado emitido por la Presidencia afirma que fue asesor desde el 1 de febrero de 2008 al 22 de diciembre de 2009 y según la Cancillería fue embajador en Venezuela desde 7 de diciembre de 2009 al 30 de octubre de 2012. Así durante 15 días ejerció dos cargos públicos a la vez.

En seis certificados sobre sus actividades en Ecuador, las fechas datan de cuando fue embajador en Caracas. La denuncia cuestiona la posibilidad de que haya ejecutado actividades en dos países a la vez. Este Diario buscó la versión de Torres sobre este tema, pero su respuesta fue “no estoy dando ninguna entrevista en estos días”.

Otros siete certificados suyos, según la denuncia, no se enmarcan en los requisitos. Y seis más no cuentan con la documentación que pruebe la existencia de los organismos que los otorgan.

Lo mismo sucede con siete documentos del expediente de Toapanta. Según el Colectivo, no calzan con las áreas del concurso. Nueve tampoco no tienen el respaldo legal. Este Diario buscó su versión sobre la denuncia, pero respondió que “no es el momento”.

En la carpeta de Buenaño hay cinco certificados que no se relacionan con las materias del concurso, seis no tienen respaldos legales, cuatro son de actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones públicas y ocho no cumplen con los tiempos mínimos. Este Diario buscó su versión sobre este tema, pero dijo que no disponía de tiempo.

Rodríguez pide una acción afirmativa (puntuación extra) por ser migrante, pero está radicada en el país desde enero de 2011. Siete certificados no caben en las áreas del concurso, seis no tienen respaldo legal y seis actividades fueron cumplidas en el ejercicio de sus funciones.

Esta carpeta contiene dos certificados de la Asociación Campesina e Indígena Génesis. Uno hace referencia a un evento del 30 de junio de 2012, cuando, según la misma documentación del expediente, la organización obtuvo su personería jurídica el 25 de febrero.

Rodríguez explicó que muchas organizaciones sociales han trabajado varios años antes de obtener su legalización. Sería el caso de esta Asociación, que, según ella, existe desde 2010. Sobre los demás documentos afirma que cumple con todos los requisitos.

La denuncia sostiene que en la docena de expedientes los puntos en común son documentos repetidos para obtener doble puntuación, otros sin respaldo legal y que no se enmarcan en las áreas del concurso. Estos lineamientos están establecidos en el Instructivo y Reglamento de selección.

La Rempe afirma que en otros expedientes encontraron además documentos presuntamente falsificados, forjados, contradictorios y sin validez.

Edwin Alvarado, presidente de la CCS, cuestiona la actuación del Colectivo porque no presentó sus quejas en la etapa de impugnaciones. A su forma de ver, la intención es “desprestigiar el concurso”. La Comisión aprobó el informe de calificaciones el 11 de noviembre.

¿Por qué impugnar a los candidatos? Francisca Morejón, vocera de la Rempe, es tajante: “en todos los concursos ha habido impugnaciones y ¿cuándo las han resuelto? Nunca”. Por eso decidieron vigilar la gestión de la Comisión. Además, sostiene que “cada quien es libre de poner lo que quiera en su expediente”, pero la CCS debe cumplir la ley.

La ley exige que todos los documentos estén notariados. Y Alvarado admite que eso aliviana el trabajo de la Comisión, porque se parte de la presunción de validez, al existir el aval de una autoridad competente. No obstante, acepta que “no hay capacidad para analizar uno por uno cada documento”. Ellos, afirma, se limitan a seguir la ley, el reglamento y el instructivo.

El pleno del Cpccs se reunió ayer para tratar el tema. El consejero David Rosero pidió que se atienda la denuncia por su grave contenido. Mónica Banegas respondió que no tienen atribuciones para interferir en el trabajo de la Comisión. Además, denunció que la Rempe tiene conflictos de interés por tener dos “amigos” concursando y les restó legitimidad.

Marcela Miranda replicó que el hecho de que alguien conozca a los aspirantes no implica que los esté favoreciendo y que cualquier ciudadano puede hacer veedurías. Reclamó que la Comisión no les hubiera explicado qué pasó con la calificación y recalificación de méritos.

La denuncia de la Rempe está respaldada por la Confederación Afroecuatoriana, la Coordinadora Mujeres del Sur, el Foro de Abogadas por la Seguridad Jurídica y el Colectivo Nosotras. Las organizaciones pidieron que los documentos que determinen presunciones de responsabilidad penal y administrativa fueran enviados a la Contraloría y la Fiscalía.

Han pasado 21 días y nadie las ha respondido.

Vocales actuales

Domingo Paredes
. Ha sido el presidente del CNE durante estos tres años de gestión.

Paúl Salazar. Es el vicepresidente y se ha encargado de los sistemas informáticos.

Juan Pablo Pozo. Es el experto en temas jurídicos. Lideró el voto electrónico en Azuay.

Nubia Villacís. Se ocupó de temas de inclusión y género y el voto electrónico en Santo Domingo.

Roxana Silva. Se encargó de temas de inclusión y género y proyectos de transparencia digitales.

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