7 de octubre de 2014 10:58

Menores del Mejía son investigados y el Ministerio de Educación dice que no necesitan abogados

Ayer, familiares acompañaron a los estudiantes del Colegio Mejía que se reincorporaron en la jornada vespertina. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO.

Ayer, familiares acompañaron a los estudiantes del Colegio Mejía que se reincorporaron en la jornada vespertina. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO.

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Javier Ortega. Redactor

Desde las 09:00 de hoy, martes 7 de octubre, los padres de los estudiantes menores de edad que son investigados por las protestas del 18 de septiembre pasado mantienen una reunión en las oficinas del Colegio de Abogados de Pichincha.

Esto, tras las notificaciones de procesos disciplinarios que recibieron los jóvenes desde la semana pasada. La institución educativa ha abierto investigaciones contra 42 menores. Hasta ayer, 31 alumnos fueron notificados.

El plantel busca determinar si los estudiantes participaron en las protestas. Jaime Torres, rector del colegio, dio un plazo de 3 días, que se cumplirán mañana, para que los jóvenes presenten pruebas de descargo y comparezcan con un abogado.

No obstante, en un comunicado, el Ministerio de Educación señaló que estos procesos no son de carácter legal, por lo que negaron la “necesidad de recurrir a los servicios de un abogado, lo que significa un gasto innecesario para los padres de familia”.
En este proceso, según determina la Ley de Educación Intercultural, también se dirimirá en la Junta de Resolución de Conflictos. Ese organismo es el que determinará cuál será la sanción que recibirán los alumnos.

Si se comprueba la participación de los jóvenes en las protestas, la Ley de Educación Intercultural fija dos tipos de sanciones académicas: la suspensión temporal por no más de 30 días o la reubicación en otro plantel educativo cercano a la residencia del estudiante.

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