El Gobierno ecuatoriano es dueño de seis bancos y de cuatro canales de TV. Pero se supone que es prohibido tener bancos y medios de comunicación. Pero, dado que para el funcionamiento del país es indispensable que el Gobierno posea bancos, lo que debería hacer es vender sus medios. Cualquier otra cosa sería torcer la interpretación de la ley.
La Asamblea de Montecristi, que en realidad fue como una enorme ONG, redactó un enrevesado artículo (312 de la Constitución) en el que, en palabras complicadas y con una sintaxis deficiente, prohíbe que los accionistas de los bancos también lo sean de los medios de comunicación.
No existe ninguna razón lógica para prohibir específicamente a los banqueros la propiedad en los medios de comunicación. En otras palabras, por qué no se prohíbe también a los panaderos, dado que el pan es más importante que el crédito bancario. O a los ganaderos o a los petroleros.
No, había que prohibirles a los banqueros para castigarles por ser ricos. Había que castigarles por haber manejado sus bancos con la cautela suficiente para sobrevivir a la monstruosa crisis de 1999. Los miembros de esa enorme ONG de Montecristi se olvidaron que los banqueros ineficientes o corruptos son justamente los que quebraron la crisis y que los sobrevivientes fueron, en general, más eficientes, conservadores y honestos.
El problema es que dentro de la complicada y mediocre redacción del artículo 312 entra cualquiera que esté relacionado con un banco. Y el Gobierno del Ecuador tiene el Banco Central, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco Nacional de Fomento, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico.
Al mismo tiempo tiene TC televisión , GamaTV, ECTV y Cablenoticias, además de El Telégrafo, el Periódico Popular, el Ciudadano y una buena cantidad de radios. Y desde el 21 de octubre eso está prohibido.
La Constitución no dice que esa prohibición se limita para los dueños de los bancos privados, tampoco excepciona a los medios de comunicación ‘incautados’.
A estas alturas del artículo, debe ser evidente para usted, estimado lector, que discrepo con él varias veces mencionado artículo 312. Pero aunque sea parte de una pésima Constitución, hay que cumplirlo y los banqueros privados lo cumplieron, aunque sea en el último minuto.
El Gobierno, el principal dueño de bancos y de medios de comunicación también debería cumplirlo, pero todos sabemos que no lo va hacer. Va a ignorar la Constitución que hizo redactar a su medida y va a encontrar leguleyadas que le liberarán de cumplir una norma tan evidente. Y, típicamente, va a decir que cualquiera que le critique en este punto es, “corrupto”, “neoliberal”, “defensor de los banqueros corruptos” o todas esas cosas juntas.