1 de mayo de 2016 19:26

10 medidas laborales en nueve años

El FUT y otras agrupaciones sindicales participaron en las Marchas por el 1 de Mayo en Guayaquil.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras agrupaciones sindicales participaron en las Marchas por el 1 de Mayo en Guayaquil. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

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Carolina Enríquez
Redactora (I)

Diez decisiones fuertes se han tomado, incluyendo acuerdos, decretos, mandatos constitucionales y leyes relacionadas con el tema laboral desde el 2009.

Entre ellas está el aumento del salario básico, la incorporación de las trabajadoras domésticas en el grupo de personas que reciben este valor, la penalización de la no afiliación, los mejoramientos de sueldos base para los trabajadores de determinados sectores, la aplicación del salario digno, etc.

El Régimen asegura que, a través de estas decisiones, se ha buscado mejorar las condiciones de vida que tenían los trabajadores, las cuales ha calificado como “precarias”.
Sin embargo, los dirigentes sindicales no afines al oficialismo discrepan.

Para Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajador (UGT), algunos ajustes laborales han impactado en los derechos. Cita los decretos emitidos para regular la contratación colectiva y la organización sindical, que califica como “regresivos”.

Con el Decreto 813, por ejemplo, explica que se perdió el derecho a la estabilidad e impactó a más de 10 000 trabajadores públicos, incluso aquellos que contaban con nombramiento definitivo. Mientras que con otros se redujeron los "beneficios" que recibían organizaciones sindicales del sector público.

El presidente Rafael Correa ha señalado que se redujeron prebendas exageradas de estos sectores, como los cargos hereditarios eliminados vía Decreto 1701.

En temas como el techo de las utilidades, que se fijó a través de la Ley de Justicia Laboral, hubo regresividad de derechos, señaló Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. La norma entró en vigencia en abril del año pasado y se hará efectiva desde el ejercicio fiscal del año que viene.

“Al final del día se le está quitando un derecho al trabajador (15% de las ganancias). Se le está quitando del bolsillo del trabajador para darle al Gobierno”, indicó Alarcón.

El excedente del tope, que es de 24 salarios básicos unificados, pasa a la seguridad social. “La empresa no se afecta”, aclaró Alarcón. Al sector privado también le ha impactado decisiones en materia laboral.

Por ejemplo, la decisión de eliminar los contratos a plazo fijo en abril del año pasado llevó a que el patrono se vuelva más conservador a la hora de contratar, pues el trabajador tendrá que quedarse ilimitadamente.

Un año más tarde, el Estado tuvo que adoptar otras políticas para flexibilizar los procesos de contratación en diferentes áreas e, incluso, proponer la reducción de las jornadas de trabajo.

Todo esto ante la difícil situación económica que enfrenta el país.
Esto será tema de rechazo durante la marcha del Día del Trabajador prevista para hoy y organizada por los grupos que conforman el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El encuentro ha sido calificado como solidario debido a que se dará apoyo a los trabajadores que resultaron afectados tras el terremoto de hace dos semanas y por 400 000 hogares que, según indicaron los dirigentes del FUT, han enfrentado las pérdida de empleo de uno de sus miembros.

El Gobierno reconoce que las condiciones son complejas y, por ello, envió la última reforma laboral, que incluye mecanismos para fomentar la contratación de jóvenes entre 18 y 26 años, y pasantes.

Las personas de este segmento de edad son las más afectadas por falta de trabajo. Durante el primer trimestre de este año más 175 000 ciudadanos entre 15 y 18 años estuvieron desempleados.
La situación podría empeorar por la pérdida de fuentes de trabajo en las provincias más afectadas por el terremoto.

De ahí que para Édgar Sarango, titular de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), resulta escandaloso que las autoridades de trabajo hayan sugerido la reducción o suspensión de la jornada laboral hasta por tres meses en las áreas impactadas. “Conocemos que las grandes fábricas no han sido afectadas, pero sí los hogares de los trabajadores. Ellos necesitan su empleo”. No todos los sectores critican al Régimen.

Maximina Salazar, presidenta de las trabajadoras no remuneradas del hogar, destaca las políticas públicas aplicadas como la equiparación del sueldo al mismo monto que el resto de trabajadores, la afiliación a la seguridad social, la protección en materia de derechos, etc.

En su momento, además, trabajadores de diferentes áreas productivas destacaron también las mejoras en los porcentajes de incrementos de los salarios básicos sectoriales. Entre ellos se encuentran los personas que realizan actividades comunitarias, a quienes se hizo un importante ajuste hace cuatro años.

Los organismos internacionales, si bien han llamado la atención del Régimen en materia de libertad sindical, también han destacado mecanismos puestos en marcha, que han permitido que el desempleo registre niveles reducidos. Ecuador mantiene una tasa de desempleo de un dígito, al haber alcanzado en el primer trimestre 5,8%.

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