14 de octubre de 2015 00:00

Medidas tomadas desde el 2010 no frenaron a microtraficantes

Los policías se incautaron de droga en pequeñas cantidades tras un operativo realizado en San Roque. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Los policías se incautaron de droga en pequeñas cantidades tras un operativo realizado en San Roque en julio del 2014. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Javier Ortega

Una medida tras otra. Entre el 2010 y 2015, la política de drogas del Gobierno ha insistido en estrategias similares. Desde capacitaciones a estudiantes, registro a los vendedores ambulantes hasta el control con canes dentro de los colegios.

¿Han dado resultado? El Consep, organismo encargado de estudiar el fenómeno de las drogas, admite que las medidas “no han tenido la suficiente fuerza”.

La aprobación, hace 15 días, de la Ley de Prevención Drogas es el último mecanismo para atacar a un fenómeno que “se ha convertido en un motivo de preocupación”. Eso lo reconoce Carlos Velasco, legislador de AP y quien propuso la ley.

En ese documento incluso se admite que la “manera en la que (actualmente) se regula y controla las drogas es una demostración de que en el Ecuador no es posible continuar con ese enfoque tradicional”.

En 2010, por ejemplo, bajo ese “enfoque” se creó un instructivo para que los colegios del país registren a los vendedores ambulantes ubicados en las afueras de las instituciones, pues se detectó que las mafias utilizaban esa fachada para acercarse a los estudiantes.

Esa medida no tuvo mayor impacto. Los alumnos revelan que ahora los expendedores se ubican en sitios estratégicos, a pocas cuadras de los centros de estudios. Desde ahí despachan las dosis a los jóvenes. O también contactan a los muchachos a través de llamadas y las entregas se pactan en parques.

Pese a esto, la campaña se reeditó en el 2012, bajo otro nombre. Lo llamaron Protección Integral para el Alumno. Y se planteó, otra vez, la carnetización a los comerciantes.

Pero hubo algo más: se propuso capacitar a los padres. De hecho, ellos montaron brigadas de vigilancia en los exteriores de los establecimientos. Con chalecos naranjas analizaban posibles casos de microtráfico.

Según rectores de planteles de Quito, el control disuadió a los sospechosos, pero hubo días que los padres no asistían y la vigilancia era reducida.

Los operativos en las aulas, pese a ser sorpresivos, dejaron decomisos de dosis pequeñas.

¿Cómo operaban? En sus inicios, en Guayaquil, grupos de agentes de la Dinapen ingresaban al patio central de los planteles, se distribuían por corredores, aulas, baños… Los canes adiestrados en el rastreo de narcóticos olfateaban cada centímetro del edificio... Los alumnos observaban. Unos con curiosidad, otros con recelo. En esos días, un grupo de padres de familia que observaba desde lejos la incursión uniformada mostraba carteles que apoyaban a las revisiones.

Como parte del ataque a las mafias, el Consep incluso obligó al Ministerio de Educación a focalizar el trabajo con charlas, talleres y capacitación.

Tres años después, las campañas siguen igual. En los últimos días, este Diario recorrió colegios de la capital y se constató que cada uno previene el consumo de drogas a su manera: charlas, videos, deportes, conversación con psicólogos o agentes de la Dinapen.

Para disminuir los casos en que los estudiantes son víctimas de redes de microtráfico de drogas e incidentes de violencia que ocurren en los exteriores de las instituciones educativas, se instalaron cámaras de seguridad, en las que tienen más de 1 000 estudiantes, y botones de pánico, en aquellas con menor alumnado, para obtener una respuesta inmediata de las autoridades ante estos sucesos.

Pero aunque la Ley de Drogas aprobada hace 15 días propone una prevención integral, legisladores que votaron en contra de este cuerpo legal admiten que se vuelve a una política anterior, pues se endurece las sanciones. La pena máxima por casos de microtráfico pasó de seis meses a tres años de cárcel.

Si en el 2014, el COIP fijaba por primera vez escalas para castigar el tráfico y diferenciaba al pequeño expendedor del gran narco, ahora se teme que consumidores vayan presos.

Entre los propios legisladores de AP se cree que el endurecimiento no es la solución. Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría Pública, expidió un instructivo para que los defensores pidan la libertad de los sospechosos cuando no hayas certezas de que vendan droga.

En contexto

La Ley de Drogas generó contrapuntos en AP. Hubo legisladores que se opusieron al endurecimiento de las penas y a la prisión preventiva para los sospechosos que portan cantidades mínimas de narcóticos. Otros apoyaban la cárcel a pequeños traficantes.

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