Esta fue otra semana de movidas económicas, que aún no alcanzan para configurar una política global para enfrentar una eventual crisis. Es más , no es fácil entender cómo suma una con otra. O en qué dirección avanzan. Se entiende el apuro del Gobierno por recuperar recursos impagos, producto de deudas y multas tributarias acumuladas durante años y atrapadas en los tortuosos procesos legales. Por eso la urgencia del proyecto de amnistía tributaria que involucra la astronómica cifra de 6 000 millones de dólares de lo que, en principio, se espera recibir unos 500 millones con el perdón de la multas y el pago inmediato de los contribuyentes que se encuentren en mora y/o en litigios con el Estado.
Esto, al igual que las millonarias operaciones realizadas por el Banco Central a favor de Finanzas y de la banca pública, tiene el claro propósito de inyectar liquidez al Fisco y al mercado. En la misma línea se realizó hace un par de semanas una transacción en el mercado externo de capitales con la emisión de bonos a un costo (léase tasas de interés) inusualmente alto.
Con consecuencias aún difíciles de predecir para el sistema de seguridad social, el Gobierno se declaró en rebeldía al no reconocer una altísima deuda al IESS y negarse a cubrir su aporte a la jubilación patronal. Podría entenderse que el mensaje es que se está cuidando al máximo cada dólar que sale de la caja fiscal y buscando nuevos ingresos, aunque sea a través de más deuda pública, que ayuden a compensar el hoyo provocado por la caída del precio del petróleo. Al respecto saltan un par de dudas: en qué otros sectores específicamente se van a hacer más ahorros o el IESS va a ser el único sacrificado y cuál es el límite del endeudamiento y el precio que se está dispuesto a pagar por él.
La política de austeridad se queda corta si se reduce a alguna baja de salarios de funcionarios públicos o a la suspensión de uno que otro acto de rendición de cuentas, casi siempre intrascendentes.