26 de November de 2014 21:36

Una medida cautelar busca parar iniciativa de consulta

Guillermo Lasso

El 6 de noviembre, Guillermo Lasso y César Montúfar solicitaron los formularios al CNE. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Reds. Política y Guayaquil (I)
politica@elcomercio.com

Con una medida cautelar, un ciudadano busca que se prohíba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue a Compromiso Ecuador los formularios para la recolección de firmas, con las que buscan llamar a una consulta popular que frene la enmienda relativa a la reelección indefinida.

Luis Dionisio Pino Carlier, por sus propios derechos, presentó el martes una solicitud de medidas cautelares ante la Unidad Judicial de Guayaquil. El ciudadano argumenta que Guillermo Lasso, uno de los líderes de la iniciativa de consulta popular, está violando la Constitución al haber acudido al CNE antes de la Corte Constitucional (CC).

Sus argumentos son que Lasso “pretende eludir el dictamen de la CC”, al haber acudido directamente ante el CNE. El documento, de tres páginas, deberá ser analizado por la jueza de lo Civil, Teresa Quintero.

Sin embargo, Compromiso Ecuador no cree que las medidas se otorguen, por la forma en la que están planteadas. Aparicio Caicedo, asesor jurídico de la iniciativa, señala que entre las fallas que tiene la petición está que se menciona solamente a Lasso y no al resto de personas que pidieron los formularios para las firmas.

“La petición no tiene ningún sustento legal. No tiene ningún asidero porque dice que no cumplimos con el requisito del dictamen de la Corte, cuando ésta misma ya resolvió que el dictamen se da después de recogidas las firmas”, señala.

En septiembre del 2013, la CC resolvió el procedimiento en los casos de iniciativa de consulta popular desde la ciudadanía. En esa sentencia, los magistrados determinaron que primero se debe recoger las firmas, el CNE debe validarlas, y luego la Corte hará el análisis de la pregunta.

Pino se reconoce como representante de la veeduría Vigilantes de la Justicia. En diálogo con este Diario, dijo que la iniciativa de Compromiso Ecuador “está coartando un derecho constitucional”.

Él niega ser miembro o simpatizante de Alianza País. Y María de los Ángeles Duarte, directora provincial del movimiento oficialista en Guayas, ratifica que no lo conoce.

Sin embargo, en su cuenta de Facebook, Pino se reconoce como “jefe de operaciones en Alianza País”. Además, tiene nueve fotos en las que aparece en una caravana del oficialismo, vestido con los colores del movimiento.

Rafael Navarrete, abogado que lo representa, explicó que no están en contra de la consulta, sino del procedimiento que se sigue para llegar a ella. “Presentamos la demanda, porque se violentó los procedimientos según el artículo 104 de la Constitución”.

Pero el decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica, Santiago Guarderas, cuestiona los argumentos de la petición. Él señala que una medida cautelar persigue evitar la vulneración de un derecho, pero en este caso más bien se estaría buscando restringir un derecho ciudadano de participación como la consulta popular ciudadana. “El escrito no tiene pies ni cabeza. No argumenta la vulneración de derechos sino que habla de una vulneración de la Constitución”, dice.

Además, Guarderas asegura que esta petición es improcedente porque se debió plantear junto con una solicitud de garantías jurisdiccionales. Una sentencia de la CC de julio del 2013 determina que cuando ya ha habido una violación de los derechos, como el escrito plantea en este caso, tiene que ser solicitada en conjunto con alguna de las garantías establecidas en la Constitución.

La Ley de Garantías Jurisdiccionales no determina un plazo exacto para que una solicitud de medida cautelar sea resuelta, sin embargo señala, en su artículo 23, que deberán ser ordenadas de manera inmediata y urgente, y resueltas por el juez en el tiempo más breve posible.

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