3 de marzo del 2015 00:00

11 médicos son indagados cada mes por mala práctica profesional

Mala práctica

El profesor Fernando García imparte clases de Derecho Penal a los estudiantes de la Universidad Central. Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO

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Javier Ortega e Ivette Viña 
Redactores (I)

Su despacho es un “pequeño laboratorio”. En ese lugar, el abogado Wilson Velástegui alberga decenas de libros sobre Derecho Penal. Cada semana se reúne con su equipo y analizan detalles de los casos más complejos que llegan a su oficina.

“Es como un médico que convoca a una junta para hablar de una cirugía delicada”, dice Velástegui, un jurista que actualmente maneja cuatro procesos por mala práctica profesional.

Él ha consultado textos argentinos y españoles para conocer más a fondo sobre el homicidio culposo o involuntario.

Desde el 10 de agosto pasado, tras la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el trabajo de los abogados tuvo cambios. Se adaptaron a las nuevas figuras que incorporó ese cuerpo legal, como la de la mala práctica profesional (artículo 146).

De hecho, desde entonces ya se han reportado las primeras denuncias por ese delito. Entre agosto y enero del 2015, la Fiscalía abrió 57 indagaciones previas en contra de galenos a escala nacional. Guillermo Barragán, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, dice que en el gremio hay preocupación, de allí que recurren a los juristas que tienen más experiencia en este tipo de litigios.

En el país no hay especialización en derecho médico, como ocurre en áreas penal, civil, inquilinato, tránsito, etc.

Velástegui defiende uno de los 57 casos. Por tratarse de una diligencia judicial hasta ahora reservada, el experto solo revela datos generales. Él asesora a una doctora que es indagada por la muerte de un neonato hace dos meses. Ese proceso está en la Fiscalía de Imbabura.

Antes del COIP, si el paciente no moría, el caso era investigado como un delito de lesiones, en otros se aplicaba la figura de homicidio inintencional.

Poco a poco, los abogados se han especializado en la defensa de los complejos temas médicos. Patricia Cárdenas, por ejemplo, investigó en Internet, consultó a médicos especialistas y revisó términos e hipótesis con peritos. “Indagué los protocolos de autopsia, el significado de los términos más comunes, el origen de varias complicaciones durante una cirugía”, comenta la jurista.

Ella defiende a Mireya Ríos, una guayaquileña que ingresó el 1 de junio del 2009 a un chequeo de rutina por su embarazo. Los especialistas le hicieron una cesárea, pero hubo complicaciones. Ríos ahora tiene 80% de discapacidad intelectual y física. “Para este caso analicé datos sobre procedimientos con anestesia. Presuntamente hubo excesos en el suministro del sedante y causó lesiones cerebrales”, relata Cárdenas.

El jurista Julio César Cueva lleva más de 10 años de ejercicio profesional. Para él, si bien la preparación en derecho médico es importante, la falta de maestrías en esta área “no impide que un abogado defienda de forma exitosa un caso de mala práctica profesional”.

Álvaro Román es catedrático universitario y considera que las carreras de derecho no requieren conocimientos específicos, sino las bases para que un abogado pueda desarrollar su profesión.

“Se debería poner como una materia de una maestría, sí”. La semana pasada, un grupo de estudiantes de la Universidad Central rendía exámenes de derecho penal, una asignatura donde se analiza la mala práctica profesional.

Patricio Salazar, director de la carrera de derecho de ese centro académico, asegura que los alumnos reciben “suficiente capacitación y pueden enfrentarse con estos casos”.

Pero los abogados también se apoyan en los informes de los peritos médicos. Actualmente, 400 expertos están acreditados para investigar la mala práctica profesional. Ellos determinan cuáles fueron las causas de la muerte de un paciente o las razones que provocaron secuelas tras una cirugía. “La presencia de los profesionales se convierte en una herramienta para los legistas que tratan estos casos y es el complemento a los conocimientos que el experto legal maneja”, precisa Cueva.

En su despacho, Velástegui guarda un expediente de más de
1 000 hojas con uno de los casos complejos que defendió.

El año pasado hizo que sentenciaran a una médico y una enfermera por homicidio simple o intencional. Es decir, se demostró que las procesadas influyeron “de forma voluntaria” en la muerte de la paciente.

El jurista escarbó el historial de la clínica y detectó que le inyectaron adrenalina racémica, un fármaco de uso para inhalación. Pese a que la enfermera le alertó sobre esa situación -dice Velástegui-, la médica suministró vía intravenosa.

Actualmente ese caso se encuentra en casación en la Corte Nacional de Justicia. El recurso lo interpusieron las procesadas. Ellas fueron condenadas a ocho y cuatro años de cárcel.

Álvaro Román conoció ese proceso en su etapa como conjuez. En el juicio, él dio la razón a Velástegui por qué hubo un error “grave y grosero”. “Imagínese lo que es inyectar una sustancia que era para inhalación. Por esa confusión el médico tiene que ir a la cárcel”.

Pese a ese caso, Román explica que el artículo 146 del COIP es claro y determina que hay mala práctica profesional cuando la muerte “se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”. “Si el médico hizo todo lo debido; si la conducta que realizó es igual a lo que fijan los procedimientos, no creo que los médicos deban estar preocupados”.

En contexto

Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, las denuncias contra médicos eran bajo las figuras de lesiones (cuando no había muerte) y homicidios inintencionales. Ahora hay un artículo específico (146) que castiga la mala práctica profesional.

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