22 de enero de 2017 00:00

28 médicos sometidos a juicio por mala práctica en 26 meses

Edwin Montenegro (izq.) protestó por Melania; y Daniel Zavala (der.) por Katherine. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

Edwin Montenegro (izq.) protestó por Melania; y Daniel Zavala (der.) por Katherine. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

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Fernando Medina

Un abrazo y un beso es el último recuerdo que tiene Daniel Zabala de su hermana Katherine Cando. Un día después, el 10 de enero del 2015, ella falleció en una clínica de Guayaquil cuando los médicos le realizaban una liposucción.

Desde entonces han pasado dos años y aún se indaga a los responsables. La familia se mantiene en que la joven fue víctima de una mala práctica y por eso el martes, 17 de enero, pidieron en la Fiscalía que el doctor que hizo la cirugía sea llamado a juicio.

Para ese plantón, Daniel mandó a confeccionar 100 camisetas con la imagen de su hermana. Esta foto, que ahora es pública, fue tomada el día en que ganó el reinado del cantón Durán-Guayas, en el 2014.
Zavala eligió esa imagen porque después de su fallecimiento los canales de televisión la usaron para transmitir la noticia. En la foto, Katherine está con un vestido beige. En sus brazos lleva un ramo de flores y en su cabeza, la corona.

A Melanie Montenegro también la recuerdan en fotografías. Ella murió en el quirófano dos días antes de la última Navidad, cuando un especialista le practicaba una liposucción.

Desde ese día, los familiares de Melania han acudido a la Fiscalía cada semana para pedir que se aclaren los hechos.

Su padre, Edwin Montenegro, plasmó la imagen de la joven en camisetas blancas, pero añadió la foto del médico que la operó y una frase para pedir que los investigadores digan qué ocurrió exactamente.

Al igual que los familiares de Katherine Cando, los padres de Melanie dicen que su muerte fue provocada por una mala práctica profesional.

Esta figura legal está vigente desde el 10 de agosto del 2014, cuando entró en vigencia el Código Integral Penal.

En el artículo 146 se establecen penas entre uno y tres años para quienes, ejerciendo su profesión, “ocasionen la muerte de otra persona”. La pena puede ser de tres a cinco años “si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.

La legislación médica se volvió a abordar estos días en Quito, tras el arresto del médico Carlos López. A él lo condenaron a 12 meses de cárcel por supuestamente no atender a una joven extranjera (fallecida en el 2009 en una clínica) y no por mala práctica. Sus colegas aseguran que se criminaliza el trabajo de los galenos.

El Consejo de la Judicatura informó que entre el 10 de agosto del 2014 y octubre del año pasado, 31 personas han sido sometidas a juicio por la figura de mala práctica profesional. Del total, 28 son médicos y el resto es de otras áreas.

La Federación Médica Ecuatoriana, con 44 000 socios, dice que son más casos y calcula que los colegios provinciales reciben unas 3 000 quejas al año, pero no todas van a juicio.

“Nos denuncian por cualquier cosa. En una operación de nariz, si la persona considera que no quedó como quería ya es motivo de queja”, dice el presidente del gremio en Pichincha, Santiago Carrasco.

En febrero del 2016, a Marco le intervinieron por una desviación del tabique. César Vanegas, su abogado, recuerda que el doctor que lo intervino “topó mal” el hueso y ahora solo respira por una fosa nasal. En las noches se ahoga y cuando corre se agita.

No ha podido curarse, pues dice no tener dinero. Los abogados que trataron este caso, antes de llegar a Vanegas, le pidieron de 3 000 a USD 5 000.

Lorena, una joven manabita que se implantó los senos, es otro caso. Tras la operación, el cirujano la chequeaba cada semana. Le decía que estaba normal, pero en las citas médicas lo que hacía era retirarle el líquido que se derramaba de las prótesis. Eso le provocó una fuerte infección y ahora está bajo tratamiento. Abandonó sus estudios, pues el dolor era fuerte y no podía levantarse.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, José Eras, dice estar de acuerdo con que se sancione a los doctores que han cometido errores por negligencia, pero no bajo la vía penal, pues advierte que se “criminaliza la profesión”.

Por eso, en esta semana los médicos en Quito salieron a protestar a las calles para defender su carrera y al cirujano Carlos López. Los familiares de este especialista, que ahora está encerrado en la Cárcel 4 contaron que el juicio ha significado una preocupación para toda la familia. Han tenido problemas de salud y económicos.

Cuentan que solo en abogados han gastado cerca de USD 70 000. Profesionales que han tomado estos casos dicen que los costos de defensa son altos.

Los juristas explican que esto ocurre porque deben enfrentarse a indemnizaciones altas que exigen los pacientes demandantes y eso implica un proceso judicial complejo.

Juan Pablo Albán defiende a siete especialistas acusados por mala práctica. En esos casos, los pacientes aseguran ser afectados y piden como reparación montos que van entre USD 100 000 y USD 250 000.

Por eso, desde el 2014, los colegios médicos del Guayas, Azuay, Manabí y Pichincha mantienen un convenio con Uniteco, una empresa española que cubre con seguros a los galenos que pudieran enfrentar procesos judiciales.

La Federación de Profesionales Rurales, los odontólogos, las enfermeras y los tecnólogos del Ecuador también tienen acuerdos con esa firma.

En los 26 meses que está vigente el COIP, Uniteco ha asesorado a 55 profesionales, aunque nadie ha sido condenado.

La Judicatura dice que dentro de los 31 juicios por mala práctica hay seis sentencias, pero no hay el detalle de cuántos corresponden a médicos.

Uniteco indica que la evolución de demandas “ha crecido exponencialmente”. Pero no todos presentan las suficientes pruebas. Por ejemplo, una familia demandó al pediatra de su hija, luego de que le extirpara un lunar. El especialista realizó el proceso con láser, pero el aparato falló y quemó parte de la piel. La afectación medía dos centímetros y para el día de la audiencia había desaparecido. El caso quedó ahí.

A un traumatólogo le demandaron porque la recuperación del paciente duró dos meses. Él quería que sea menos. La demanda tampoco avanzó.

En contexto

Antes de la aprobación del Código Integral Penal, los médicos del país ya realizaron protestas y marchas para evitar que se “criminalice” el trabajo de los especialistas. Las autoridades de entonces dijeron que no se busca afectar el trabajo de este gremio.

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