10 de January de 2010 00:00

A media luz

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Marco Arauz Ortega

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Si bien no podrá hacerlo con todas las luces encendidas, el Gobierno celebrará su tercer año con las baterías políticas disparando. La reacción se explica por cierto agrietamiento en el ya no monolítico Alianza País, al igual que por la discrepancia de visiones con la dirigencia indígena y con una izquierda que reclama el cumplimiento de ofertas a alguien a quien considera un usurpador ideológico.

Frente a este desdibujamiento político y  dado que las cosas no han ido bien en lo energético y en el manejo económico, nada mejor que tomar la iniciativa para desbaratar cualquier peligro que atente contra un proyecto que, aunque no se lo admita públicamente, tiene problemas para cuadrar con la realidad.

Junto a los mensajes enviados a la Asamblea Nacional para que no quede duda en dónde está el poder, el frente político está empeñado en un operativo múltiple que ataca en varios escenarios: en primer lugar, al amparo de una deleznable y repetitiva denuncia sobre conspiración, se quiere activar los famosos comités de defensa revolucionaria.

Al mismo tiempo, se desclasifican documentos solicitados por la Comisión de la Verdad en relación con la lucha antisubversiva en el período presidencial socialcristiano, al tiempo que se tramita la inmunidad para los comisionados, lo cual seguramente terminará con un ‘bombazo’ dirigido al centro de la oposición política, el Municipio de Guayaquil.

A éste ya se lo está atacando en dos nuevos frentes: su programa de aseguramiento popular y su presupuesto para este año, que fue un motivo para que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ahora cercana al Gobierno, deje solo al alcalde Jaime Nebot en sus reclamos.

A la vez, y para tratar de neutralizar a los indígenas, se ofrece la concesión de frecuencias a las comunidades, con la intención de que pierdan peso los reclamos por el cierre de Radio Arutam.

Dentro del operativo para consolidar la hegemonía en la Asamblea, después de las señales de fuerza del fin de año, se provocan ataques jurídicos contra el ex alcalde Paco Moncayo, a propósito de la firma de las garantías para la construcción del nuevo aeropuerto.  Aunque se lo niegue de modo sistemático, es evidente la actual influencia en varias acciones judiciales.

Se trata de un esquema manejado desde el  cuartel del superministro Ricardo Patiño con el apoyo de  la maquinaria legal y propagandística de Carondelet. Lo malo es que esa política es reactiva y no se diferencia, ni en los objetivos ni en las formas, de la vieja política. ¿Vale la pena aplicarla en un momento en el cual hay un creciente desencanto con la ‘revolución ciudadana’, en lugar de recuperar sus supuestos objetivos éticos?

En este claroscuro hay algo del mesianismo velasquista, del autoritarismo socialcristiano, del revanchismo bucaramista, del clientelismo gutierrista, pero con otros rótulos y otros dueños del país.

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