A las inmigrantes indocumentadas que acudan a denunciar violencia de género se les abrirá un expediente de expulsión. Los padres de un extranjero no podrán ser reagrupados si son menores de 65 años. El tiempo máximo de internamiento de los ‘sin papeles’ detenidos por la policía, ya no será de 40 días sino de 60.
‘Es mejor que el anteproyecto’
“No estamos de acuerdo con que se califique el nivel de integración en un especie de examen…”, dice Javier Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas, Fedelatina, en Cataluña. La asociación Rumiñahui y Fenadee califican la reforma de “positiva” y se alinean a la postura oficial. “Es un avance porque ha habido consenso con las asociaciones y los sindicatos…”, dijo Raúl Jiménez, portavoz de Rumiñahui. Para Santiago Morales, presidente de Fenadee, “no es una ley de las mejores, pero no es tan restrictiva como el anteproyecto”,Un inmigrante podrá renovar su permiso de trabajo sólo si demuestra que está “integrado” a través de un informe, expedido por el Ayuntamiento donde resida y, en Cataluña deberá hablar catalán para renovar.
Estos son algunos de los artículos de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Parlamento y que entraría en vigor sin mayores cambios por parte del Senado.
La propuesta original del Gobierno fue apoyada casi en su totalidad -se incluyeron algunas enmiendas de los nacionalistas- por Convergencia i Unió (CiU), Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, con 185 votos.
Los 146 en contra fueron del Partido Popular e Izquierda Unida, entre otros. Se mantienen las propuestas más restrictivas de la ley. Los extranjeros podrán reagrupar a sus ascendientes, solo si tienen cinco años de residencia legal en España. Actualmente se puede solicitar la reagrupación con un año de residencia y sin límite de edad.
En cuanto al aumento del período de detención se incluye un matiz: las ONG podrán ingresar a los Centros de Internamiento de Extranjeros y se elaborará un reglamento para su funcionamiento. Se destaca como avance la autorización a los reagrupados mayores de 16 años para trabajar y la posibilidad de que una víctima de violencia de género en situación irregular acceda a un permiso de trabajo temporal. Cáritas, Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han cuestionado duramente la ley, a la que califican de “restringir derechos fundamentales”.