25 de June de 2009 00:00

¿Quién más dispara contra la Corte?

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Marco Arauz Ortega. Subdirector

Han pasado varios meses desde los últimos cambios en la justicia y la inseguridad jurídica es igual o más palpable que antes. No solo pesa la calidad de los jueces producto del sistema de elección, sino que hay un gran enjambre de intereses políticos que siguen afectando la independencia judicial. 

Para empezar, las evidentes diferencias entre la Fiscalía y la Corte de Justicia se tramitan en el estilo de moda, es decir en el plano mediático. Se privilegia el protagonismo antes que el acuerdo y las instancias no se creen o no se respetan. Es difícil entender cómo se puede llegar a un acuerdo, en el caso de que se lo buscara, cuando se tramitan públicamente las diferencias y se marcan puntos de honor que forzosamente se vuelven irreductibles. El Fiscal ha declarado una guerra santa y pide cabezas.  

Los casos del ex ministro Carrión, de Jorge Reyes, de Ignacio Chauvín, entre otros, son radiografías del mal estado de salud de la justicia. La Fiscalía tiende a alinearse con el Consejo de la Judicatura, y el Ministerio de Justicia, dependiente del Ejecutivo, hace su parte.

Por añadidura, el presidente Rafael Correa no ha tenido ningún reparo en hacer pronunciamientos públicos que condicionan a los jueces. Eso nos conduce directamente a la segunda parte del problema: no se pueden esperar muchos resultados de una justicia tan condicionada políticamente, tanto en su nombramiento como en su accionar. 

En medio de ese panorama, el llamado del Presidente de la Corte a que se unifiquen procedimientos con la Fiscalía parece un grito en pleno desierto. ¿Reformas a la justicia? Habrá que buscarse una invulnerable a los disparos.

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