2 de April de 2010 00:00

Más derechos y menos abuso para las empleadas de hogar

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 ¡Se acabó la esclavitud! corearon unas 200 mujeres empleadas del hogar, en su mayoría extranjeras, durante la manifestación que protagonizaron el fin de semana en Madrid, recordando el Día Internacional  de las Empleadas de Hogar,  el 30 de marzo. 



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Según la Federación  de Mujeres Progresistas el 80% de las extranjeras en España trabaja en el servicio doméstico.
 
El Gobierno y  los sindicatos negocian una reforma para dotar de más derechos a este colectivo, estará lista a mediados de año.
 
Hay 291 527  personas dadas de alta como empleados de hogar. Se estima que el 90% de las trabajadoras domésticas son extranjeras, 60% de ellas no están afiliadas a la Seguridad  Social.Se concentraron en la Plaza Jacinto Benavente, en el centro de la capital, y fueron convocadas por el taller Territorio Doméstico, una iniciativa de Sedoac (Servicio Doméstico Activo) y del colectivo Escalera Caracola.

Pidieron acceso a la prestación de desempleo, porque no entienden que sean  excluidas de este derecho cuando igualmente son trabajadoras. Exigen acceder a los beneficios de la Seguridad Social  si enferman -actualmente pueden cobrar la prestación de incapacidad temporal solo 29 días después de expedida la baja médica- y exigen que los abusos dentro de las casas cesen.

Las arbitrariedades se cuentan por decenas, pero en un ámbito tan privado como el hogar familiar es casi imposible su visibilización y los controles a cargo de la Inspección de Trabajo son inexistentes. Jornadas de 18 horas, sin días libres  y atendiendo a nietos, padres y abuelos, cuando el contrato indicaba: “Cuidado de una persona mayor”. Todo esto por  500 euros.

No son casos aislados, las historias más o menos dramáticas las confirman una a una las empleadas de hogar.

La hondureña Walditrudis Cruz Claros cumplió durante años el perfil más común de la trabajadora doméstica en España: inmigrante y vulnerable. Le ofrecieron 500 euros por cuidar a un anciano, al poco le exigieron que vaya a limpiar la casa de la hija y los fines de semana le pedían que cocine para toda la familia y cuide a una decena de nietos.

“Me levantaba a las 06:30 y no me podía acostar hasta las 12:00. Cumplía triple horario por 500 euros. Pasaba encerrada todo el día, era una esclavitud”, dice esta mujer de 53 años con siete en España.

Ella, como muchas de sus compañeras, libraba solo el domingo, cuando la Ley determina al menos un día y medio de descanso. 

A otras tantas sus jefes les requisan la correspondencia y a otras  el pasaporte,  las tienen aisladas y controladas. Las que no tienen documentación española lo llevan peor.

“Con la crisis hay una explotación terrible. Las presionan, les advierten que si no acceden a sus requerimientos las van a denunciar y expulsar”, lamenta Benilda Cruz, de Sedoac. Y sigue la lista. En algunas parroquias religiosas –que fungen de bolsas de trabajo para el servicio doméstico- las discriminan por su raza y aspecto físico. “A varias compañeras las monjas no las cogen porque son negras o muy bajitas. Esto es denigrante para nosotros”, reclama Claudia Ramos, que denunció a su jefa por despedirla de la noche a la mañana debido a que enfermó.  “Si somos valientes y denunciamos ante la Inspección de Trabajo todos los abusos,  llegará un momento en que nos van a tener cuidado y se escucharán nuestras voces”, dice esta colombiana. Todas estas mujeres insisten en la idea en que sin ellas España se paraliza.

Cuidan a los hijos de los autóctonos  y   gracias a ellas muchas españolas pueden trabajar. Así, apuestan por la igualdad cuando  son víctimas de la desigualdad y de los malos tratos. Toda una paradoja que se ceba con un colectivo vital para la economía española. 

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