Más controles del agua envasada se vienen
Redacción Sociedad
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De las 1 500 toneladas diarias de basura promedio que se generan en Quito, alrededor del 7% corresponde a residuos plásticos. Estos desechos, en especial, son envases de agua, gaseosas, jugos, aceites y otros productos.
Estos desperdicios resultan un contaminante. Los expertos calculan que duran más de 100 años en desintegrarse. Aparte que el país no dispone de un sistema de disposición final de estos desechos. En el mejor de los casos, terminan en los botaderos de basura o son arrojados en quebradas y ríos, y van a dar al mar.
El artículo 99 y más
Este artículo está en debate. Pero los representantes de las envasadoras aseguran que será aprobado, pese a sus objeciones.
En sus incisos, establece que el embasamiento del agua solo será en envases biodegradables o retornables. Además, será con un mínimo de 500 mililitros.
Se prohíbe aprovechar el agua de la red pública. Solo podrán hacerlo de fuentes naturales, ríos o agua subterránea.
En la redacción original de la ley se establecía que solo podían aprovechar las personas naturales, jurídicas públicas. Los empresarios lograron incluir una coma entre jurídicas y públicas, para evitar asociarse con comunidades o gobiernos autónomos.
La autoridad del agua será la única que otorgue los permisos de aprovechamiento. Además, que las tarifas se definirán cada año, a través de un reglamento.
También se establecerá un precio tope único para el agua envasada. Los empresarios aducen que los precios finales son diferentes para cada región.
La asambleísta Mariángel Muñoz plantea crear una entidad que garantice la calidad y el aprovechamiento del agua.
Frente a esa problemática, el proyecto de ley de Aguas, en su artículo 99, plantea una solución. En uno de los incisos establece que el envasado sea en botellas biodegradables o retornables.
Estos y otros aspectos relacionados con el envasado de agua que están en el artículo 99. Tal es el debate que incluso es uno de los puntos más polémicos del proyecto que se debate en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.
Xavier Bustamante, director ejecutivo de Fundación Natura, cree que es una buena medida. “Cuando van a los botaderos, a diferencia de la materia orgánica, los desechos plásticos tardan mucho tiempo en desintegrarse. Aparte de que generan gastos en transporte y disposición final”.
Pero los empresarios no están de acuerdo. Andrés Nájera y Édgar Rodríguez, presidentes de la asociación de Productores Industriales del Agua y de Pequeños Envasadores, en su orden, coinciden en que es una medida difícil de cumplir, ya que en Ecuador no se oferta este producto, aparte de que subiría el costo.
Según Nájera, “este rato producir estos envases resulta un incremento del 100% en costos de envasado. Estos envases se fabrican con base en celulosa de maíz y solo se hace en EE.UU., donde hay subsidios para producir maíz”.
Asimismo, Nájera objeta la exigencia de usar envases retornables. “Las botellas de PET (un polímero plástico resistente) con el tiempo se hacen pañosas y comercialmente ya no sirven”. Entonces, tendrían que recurrir a los envases de vidrio. “Pero en escuelas y colegios está prohibido el ingreso de estos productos por el riesgo que implican. Y una ordenanza municipal prohíbe la venta de productos en envases de vidrio en los espectáculos públicos”.
Pero Bustamante asegura que el PET sí puede ser reciclado. Incluso en Quito hay quienes recolectan estas botellas, las lavan y luego las recortan en tiras para exportar a China. Se utiliza como materia prima para producir, por ejemplo, chompas de alta montaña.
Entre tanto, otro punto en debate es la prohibición de aprovechar el agua de la red pública. En Quito, 74 de las 75 embotelladoras de agua que están asociadas se abastecen de esa red. A escala nacional, la mayoría de las 760 asociadas tiene un sistema similar.
Othón Zevallos, gerente general de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap-Quito), y Pablo Lloret, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua (Fonag), apoyan esa disposición. Ambos consideran que ese aprovechamiento significa un incremento en la presión sobre las fuentes de agua, en especial porque este aprovechamiento incrementa la demanda.
Zevallos y Lloret señalan que se trata de un negocio lucrativo. Cada empresa paga USD 0,49 por m³ de agua (la tarifa domiciliaria es de USD 0,25), pero el precio final para el consumidor sube en más de 2 000 veces. Así, Lloret asegura que el consumidor sufre un triple perjuicio económico. Lo hace cuando paga por la potabilización, luego al comprar agua envasada y, finalmente, al cancelar el impuesto por la recolección de basura. Nájera refuta: “Esos cálculos no consideran los costos de producción y comercialización”.