14 de April de 2010 00:00

Más controles del agua envasada se vienen

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Redacción Sociedad
sociedad@elcomercio.com

De las 1 500 toneladas diarias de basura promedio que se generan en Quito, alrededor del 7% corresponde a residuos plásticos. Estos desechos, en especial, son   envases de agua, gaseosas, jugos, aceites y otros productos.

Estos desperdicios resultan un  contaminante. Los expertos calculan que duran más de 100 años en desintegrarse. Aparte que el país no dispone de  un sistema de disposición final de estos desechos. En el mejor de los casos,  terminan en los botaderos de basura o  son arrojados en   quebradas y ríos, y van a  dar al mar.
 


El artículo 99 y más
Este artículo  está en debate. Pero los representantes de las envasadoras aseguran que será aprobado, pese a sus objeciones. 
 En sus incisos,  establece que el  embasamiento  del agua solo será en envases biodegradables o retornables. Además, será con un  mínimo   de 500 mililitros. 
Se prohíbe  aprovechar  el agua de la red pública. Solo podrán hacerlo de fuentes naturales, ríos o agua subterránea.
En la redacción   original  de la  ley se   establecía que solo podían  aprovechar las personas naturales, jurídicas  públicas. Los empresarios  lograron  incluir una coma entre jurídicas y públicas, para evitar  asociarse con comunidades  o gobiernos autónomos. 
La autoridad   del agua será la única que otorgue los permisos de aprovechamiento.   Además, que las tarifas se definirán cada año, a través de un reglamento. 
 También   se establecerá  un precio tope único para el agua envasada.  Los empresarios   aducen  que los precios finales son diferentes para cada región. 
La asambleísta    Mariángel Muñoz plantea  crear  una entidad que garantice la calidad y     el aprovechamiento del agua.

Frente a  esa problemática, el proyecto de ley de Aguas, en su artículo 99, plantea una solución. En uno de los incisos establece  que el envasado sea en botellas biodegradables o retornables.
     
Estos y otros aspectos relacionados con el envasado de agua  que están  en el artículo 99. Tal es el debate que  incluso es uno de los puntos más polémicos    del proyecto que se debate en  la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.  
 
Xavier Bustamante, director ejecutivo de Fundación Natura, cree que es una  buena medida.  “Cuando van  a  los  botaderos, a diferencia de la  materia orgánica, los desechos plásticos tardan mucho tiempo en desintegrarse. Aparte de que generan gastos en transporte y disposición final”.
 
Pero  los empresarios   no  están   de acuerdo.  Andrés Nájera y Édgar Rodríguez, presidentes de la asociación  de Productores Industriales del Agua  y   de Pequeños Envasadores, en su orden, coinciden en que es una medida  difícil de cumplir, ya que en Ecuador no se oferta  este producto, aparte de que subiría el  costo.
     
Según Nájera, “este rato producir estos envases  resulta un incremento del 100% en costos de envasado. Estos envases se fabrican con base en  celulosa de maíz y solo se hace en EE.UU., donde hay subsidios para   producir maíz”.  

Asimismo, Nájera  objeta    la exigencia de usar envases retornables. “Las botellas de PET (un polímero  plástico resistente) con el tiempo se hacen pañosas y comercialmente  ya no sirven”. Entonces, tendrían que recurrir a los envases de vidrio. “Pero en escuelas y colegios está prohibido el ingreso de estos productos por el riesgo que implican. Y  una  ordenanza municipal   prohíbe  la venta   de productos en envases de vidrio en los espectáculos públicos”.
 
Pero Bustamante  asegura  que   el PET sí puede ser reciclado. Incluso en Quito hay quienes  recolectan estas botellas, las lavan y luego las recortan en tiras para exportar a China. Se    utiliza como  materia prima para  producir, por ejemplo,  chompas de alta montaña.

Entre tanto, otro punto en debate es la prohibición de  aprovechar el agua  de la red pública. En Quito, 74 de las 75 embotelladoras de agua que están asociadas  se abastecen de esa red. A escala nacional,  la mayoría de las 760 asociadas tiene  un sistema similar.
 
Othón Zevallos, gerente general de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable  (Emaap-Quito), y Pablo Lloret, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua (Fonag), apoyan esa disposición. Ambos consideran que ese aprovechamiento significa un incremento en la presión sobre las fuentes de agua, en especial porque este aprovechamiento incrementa la demanda.
 
Zevallos y Lloret señalan que se trata de un negocio lucrativo.  Cada    empresa paga  USD 0,49 por  m³ de agua (la tarifa  domiciliaria es de USD 0,25),   pero el precio final para el consumidor sube en más de 2 000 veces. Así, Lloret   asegura que el consumidor sufre un triple perjuicio económico. Lo hace cuando  paga por la potabilización, luego al  comprar agua envasada y, finalmente, al cancelar el impuesto por  la recolección de basura. Nájera  refuta: “Esos cálculos no  consideran los costos de producción y   comercialización”.

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