La Nación Costa Rica. GDA
Congelada la opción de un tratado mundial contra el cambio climático, el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero puede ser una alternativa efectiva para corregir prácticas humanas contaminantes, afirman economistas y ecologistas.
Europa aplica el impuesto
El Gobierno de Irlanda introdujo el 10 de diciembre un gravamen que alcanza al consumo de petróleo y gasóleo. A partir del 1 de mayo de 2010, se aplicará al consumo de combustible de gas.
Francia también dispuso la introducción de un gravamen, similar al de Irlanda, desde el 1 de enero de 2010. El presidente Nicolas Sarkozy efectuó el anuncio en septiembre.
“El impuesto, será aplicado por tonelada de emisiones, a las industrias como a los hogares”, dijo Sarkozy.Los ingresos recaudados a través del gravamen deberían ponerse a disposición de los países en desarrollo para financiar el salto tecnológico necesario y reducir sus contribuciones al calentamiento global.
La idea es promovida por economistas, ambientalistas, organizaciones internacionales además de algunos gobiernos europeos.
El economista Dennis Snower, presidente del Instituto para la Economía Mundial de la Universidad de Kiel, dice que “las consecuencias climáticas de la emisión de dióxido de carbono (CO2) son iguales en todo el mundo, independientemente de dónde sea emitido el gas. Por ello, cada emisor debería pagar la misma tasa por tonelada de carbono, sin importar si se trata de uno en un país industrializado o en un país en desarrollo, o de las cantidades de dióxido de carbono que haya arrojado en el pasado”.
En general, los economistas consideran los impuestos como excelentes instrumentos que tiene el Estado para influir en el comportamiento ciudadano y guiar patrones de consumo, desalentando productos considerados perjudiciales o alentando alternativas sanas.
Instituciones multilaterales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apoyan la introducción de un gravamen global al CO2. En un informe publicado recientemente, la OIT estimó que tal impuesto permitiría la creación de unos 14 millones de empleos hacia el año 2014.
El informe “Políticas verdes y empleo: ¿un doble dividendo?” también estima que unos 600 millones de trabajadores en el mundo, que representan aproximadamente 40% de todos los empleos globales, trabajan en sectores con niveles muy altos en emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, este impuesto es considerado contraproducente por ciertos economistas y por gobiernos de países emergentes, como China. Pekín considera que el gravamen ignora las diferentes responsabilidades de países industriales y en desarrollo en el calentamiento global.
El profesor Ottmar Edenhofer, de la Universidad Técnica de Berlín, cree que el impuesto al CO2 “movería a los países productores de petróleo o de carbón a acelerar la extracción de tales combustibles y a aumentar la contaminación. El sistema de derechos de emisiones negociables es preferible, pues permite un control inmediato de los presupuestos nacionales de emisiones”, dijo.
Pero los derechos de emisión -en la práctica, permisos limitados para contaminar- deben superar dos obstáculos: el primero, que la comunidad internacional debe adoptar un sistema vinculante de adjudicación, ya sea de acuerdo a la población nacional, lo que favorecería a los países en desarrollo, o de acuerdo al rendimiento económico, que beneficiaría a las naciones industriales. El segundo, que el mercado sea también global.
“En la última década, la humanidad emitió 270 gigatoneladas. A ese ritmo, el mundo habrá agotado su presupuesto en menos de 30 años. La urgencia del clima exige una solución inmediata”, dijo Edenhofer.