Mary Verduga respondió que las acciones de la directiva nacional de Alianza País (AP) sientan un “pésimo precedente” que pone en riesgo la estabilidad de AP. Por lo que, desde su opinión, esa resolución no puede ser legitimada. En la foto, Mary Verduga, actual coordinadora del Comité de Ética y Disciplina de Alianza País durante las elecciones del 2013 cuando fue asambleísta por AP en representación de Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO
Mary Verduga, coordinadora del Comité de Ética y Disciplina de Alianza País (AP), considera que sacar a Lenín Moreno de la presidencia del Movimiento es una decisión “arbitraria e improcedente”. Aseguró que dentro de la resolución de la directiva nacional también se estableció el cese de sus funciones en la comisión de ética.
“Rechazo categóricamente todo tipo de prácticas inconsecuentes con las políticas democráticas que históricamente hemos defendido dentro y fuera de Alianza País”, escribió la política en una carta que fue publicada en su cuenta de Twitter (@mary_verduga).
El martes, 31 de octubre de 2017, la directiva nacional de AP anunció que Moreno quedaba fuera de la presidencia de la organización. Su decisión se basó en un supuesto abandono del cargo, ya que el Primer Mandatario no había asistido a tres reuniones seguidas de la directiva. En su lugar se designó a Ricardo Patiño, exconsejero presidencial de Moreno y exministro de Rafael Correa.
Además, con esa resolución se envió al Comité de Ética la documentación con el detalle del “posible cometimiento de faltas” de Moreno, para que se adopte una decisión conforme a los reglamentos internos. En Alianza País se consideran sanciones como la suspensión y la expulsión de los adherentes y dirigentes.
Sin embargo, Verduga respondió que las acciones de este grupo de dirigentes sientan un “pésimo precedente” que pone en riesgo la estabilidad de AP. Por lo que, desde su opinión, esa resolución no puede ser legitimada.
Verduga fue asambleísta por AP en representación de Santo Domingo de los Tsáchilas, en los períodos 2009-2013 y 2013-2017, durante el Gobierno de Rafael Correa. El 16 de junio pasado, Moreno la nombró gobernadora de su provincia. Y el 1 de marzo de 2017, en la Convención Nacional del Movimiento, fue designada como coordinadora del Comité de Ética.
Este es el segundo traspié que tiene el ala ‘correísta’ del oficialismo luego de esta decisión. El miércoles, 1 de noviembre, un Tribunal de Garantías Penales de Quito dejó sin efecto la resolución. El fallo se dio ante un pedido de medida cautelar presentado por el Primer Mandatario.
El Tribunal dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no procediera con la inscripción de cualquier nombramiento como presidente de Alianza País, en especial de Ricardo Patiño. Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia, escribió en su cuenta de tuiter: “Quienes participaron de esta reunión ilegal tendrán que ser sometidos a Comisión de Ética y Disciplina y ser expulsados del movimiento”.
Virgilio Hernández, otro de los dirigentes que impulsó el cese de Moreno en la presidencia de AP, respondió que con la decisión del Tribunal de Garantías Penales se deja un mal precedente legal, ya que “mañana cualquier candidato perdedor interpone medida cautelar e impide posesión de triunfadores”.