27 de December de 2009 00:00

El martes se debatirán las nuevas reformas penales

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Redacción Judicial

La próxima semana está previsto que se realice el primer debate de las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal. En el informe de la Comisión de Justicia se estableció que los delitos de hurto y estafa vuelven a ser de acción pública, es decir que serán investigados por la Fiscalía.

En marzo pasado se reformaron estas normas y se estableció que  los hurtos menores a USD 654 serían considerados contravenciones, que se sancionan con siete días de prisión y multas de hasta USD 20. Pero varios sectores protestaron por esta modificación, que fue propuesta por la Fiscalía.

Luego de nueve meses de las anteriores reformas, ahora la Asamblea plantea una nueva reforma penal urgente.

En el proyecto de Ley, que recogió nueve propuestas de reforma, se estableció  además la eliminación de la posibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio y la obligación de que los secretarios de los juzgados informen quiénes faltaron a las audiencias. Con estos datos se sancionará a los jueces, fiscales y policías que no acudan a las diligencias judiciales.

“Esta era una artimaña que fue usada por muchos delincuentes para aplazar la sentencia de un caso y que los casos prescriban y la prisión preventiva caduque”, señaló el asambleísta Andrés Páez, en una entrevista en Radio Quito.

Asimismo, para evitar la proliferación de las cachinerías, la Comisión de Justicia propuso imponer  sanciones a quien “oculte, guarde, custodie, transporte o venda cosas robadas, después de la ejecución de un delito, sin haber participado en él”. La pena será de tres a seis años de reclusión.

Según la Policía, es muy complicado demostrar que una persona vende mercadería robada, pues aunque no tenga recibos que avalen la adquisición de los bienes, no se puede establecer si  fueron robados o no.

Para agilizar la administración de Justicia, la Comisión también incluyó en el informe que no será necesario presentar una denuncia previa para que se inicie un proceso judicial.

El informe de la Comisión de Justicia fue firmado por María Paula Romo, Henry Cuji, Mauro Andino, César Gracia, Washington Cruz, Mariángel Muñoz, Andrés Páez, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano. “Las reformas son respuestas a la demanda social ante ciertas distorsiones de las reformas penales”, dijo Romo.

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