1 de agosto de 2014 00:00

En Barcelona, los clubes de cannabis florecen en la legalidad

Los clubes de cannabis que han florecido en Barcelona llegan hasta el punto de competir con Ámsterdam. Foto: AFP

Los clubes de cannabis que han florecido en Barcelona llegan hasta el punto de competir con Ámsterdam. Foto: AFP

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AFP

Cómodamente instaladas en unos sofás, Juana y Susana, madre e hija, fuman tranquilamente un canuto en el ambiente bohemio de Pachamama, uno de los muchos clubes de cannabis que han florecido en Barcelona hasta el punto de competir con Ámsterdam.

“Esta es la manera más segura de saber qué estoy fumando y, al mismo tiempo, de dejar de participar en el mercado negro”, dice Susana, dependienta de 27 años, con el pelo teñido de rojo y sujeto por un pañuelo, que desde hace dos años acude cada semana a comprar cinco gramos de marihuana.

El Pachamama es uno de los 700 clubes de cannabis creados en España al amparo de la ambigüedad del código penal, que no sanciona el autoconsumo de marihuana ni la asociación entre fumadores.

El fenómeno, intensificado desde la prohibición en enero de 2011 de fumar tabaco en lugares públicos, proliferó especialmente en algunos lugares como el País Vasco o Barcelona, donde se ubican casi la mitad de estas asociaciones.

La capital catalana incluso encabeza una clasificación de la página WeBeHigh, destinada a los viajeros amantes de las drogas blandas.

Pero las autoridades advierten del peligro de banalizar el cannabis, y el gobierno regional catalán, como el vasco, prepara una normativa para regular su funcionamiento. Por su parte, el ayuntamiento de Barcelona decretó una moratoria de un año a la apertura de nuevos locales.

“Esta proliferación de clubes responde a la falta de regulación”, explica Antoni Mateu, responsable de salud pública del ejecutivo catalán. “Nuestra prioridad es desincentivar el consumo pero hace falta una regulación para frenar esta situación”, agrega.

“Al no estar regulado, no es ilegal, pero tampoco nadie sabe qué papeles tiene que tener, qué condiciones debe cumplir, ni cómo demostrar a la policía, si viene, que lo que hacemos no incumple la ley”, dice Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña, abogando por una regulación de los locales.


'Consumo responsable'

Entre las paredes blancas y verdes del Pachamama, decoradas de estanterías con libros, postales y juegos de mesa, los socios charlan animadamente mientras dos jóvenes juegan al ajedrez.

“Se ha de tener un consumo responsable y ser consciente de lo que comporta. Pero lo mismo pasa con los medicamentos, el tabaco o el alcohol”, afirma Susana que, como el resto de socios, prefiere no dar su apellido.

Sólo una cachimba, algunas fotografías de cáñamos y el suave olor a cannabis hacen intuir la función del local, que también distribuye productos derivados con fines terapéuticos.

“Esto no es un club de fumetas. Aquí controlamos el consumo, informamos sobre las consecuencias de fumar y aseguramos producto de calidad”, cuenta Patricia, de 28 años, que fundó en 2012 este club que hoy tiene 186 miembros.

Para ser socio, hay que ser mayor de edad, ser avalado por otro miembro, demostrar ser fumador habitual de cannabis y esperar unos diez días a que se tramite la solicitud, todo para evitar a quienes sólo quieren obtener droga esporádicamente o para revender.

Los socios, la mayoría vecinos del barrio de Gracia, donde está ubicado, pagan una cuota anual de 10 euros, más una cantidad determinada cada vez que consumen, para costear la producción del cannabis.

Para Juan Muñoz, catedrático de derecho penal, “el club social de cannabis encaja dentro de la doctrina legal” si reúne una serie de condiciones como no difundir droga indiscriminadamente, no exigir contraprestaciones económicas, garantizar un consumo controlado y evitar publicitarse.

Pero, en algunos casos se ha utilizado la cobertura de un club para ir más allá, lo que ha despertado el recelo de las autoridades y la intervención de la policía.

“Se han detectado casos de promoción del consumo, potenciación en el mercado turístico, suministro a traficantes y menores de edad y también conflictos con los vecinos”, relata Mateu.

“Se están produciendo malas prácticas y nosotros lo hemos denunciado”, reconoce Martín Barriuso, portavoz de la Federación Española de Asociaciones Cannábicas. “Pero es difícil de controlar sin una regulación clara para separar el grano de la paja”.

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