12 de octubre de 2017 00:00

María Alejandra Vicuña se reunió con jueces constitucionales

Siete de los nueve jueces de la Corte sesionaron a puerta cerrada en Guayaquil, el 11 de octubre del 2017. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Siete de los nueve jueces de la Corte sesionaron a puerta cerrada en Guayaquil, el 11 de octubre del 2017. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil y
Política (I)

La Corte Constitucional (CC) presentó un pedido de aclaración sobre el contenido de la consulta popular propuesta por el Gobierno de Lenín Moreno. Lo confirmó la vicepresidenta (e) María Alejandra Vicuña. “Es parte del proceso normal. Los detalles los podrá comunicar la propia Corte”, comentó brevemente ayer, en el Puerto Principal.

Ella llegó a una reunión que mantenía ese organismo, acompañada del secretario de la Política, Miguel Carvajal, y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. La visita sorprendió, pues no estaba en la agenda oficial de la sesión.

Los representantes del Gobierno ingresaron a la sede de la Corte a las 14:07. Y hablaron por cerca de 30 minutos, en privado. Según la Vicepresidenta (e) transmitieron a los jueces de la Corte un saludo protocolario y, además, su predisposición para trabajar de forma articulada por la consulta popular.

Moreno le había encargado a Vicuña la responsabilidad de dar seguimiento al proceso y ya tuvo una primera reunión con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer los detalles legales del proceso.

El 11 de cotubre del 2017, los integrantes de la Corte hicieron lo propio. Recordaron que el 5 de octubre pasado, la Sala de Admisión de la CC admitió a trámite las causas No. 001-17-CP (consulta popular) y 002-17-RC (referendo).

En el primer caso, la consulta popular tiene dos preguntas. Estas tratan sobre la derogación de la Ley de Plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera del Yasuní ITT. En el segundo caso, el referendo contiene cinco preguntas, sobre las enmiendas constitucionales, donde se incluyeron temas como la eliminación de la reelección indefinida y el cese de los miembros del Consejo de Participación.

Ahora está pendiente que se haga el sorteo de los dos jueces que analizarán las preguntas.

En un principio se anunció que ese sorteo se haría ayer, en la sesión. Los jueces y juezas se instalaron desde las 09:30. Acudieron siete de los nueve integrantes del Pleno.

Pero el presidente del organismo, Alfredo Ruiz, dijo que la cita obedecía a un homenaje a Guayaquil por los 197 años de independencia.

Las causas relacionadas a la consulta y el referéndum no se han podido procesar porque la admisión de los trámites no se han “ejecutoriado”, según la CC. Se espera que la sesión para el sorteo se realice la próxima semana, en Quito. Posiblemente el martes 17.

Una vez que se notifique a los jueces que se encargarán de los procesos, ellos tendrán 10 días para elaborar un proyecto de dictamen. El documento deberá ponerlo en conocimiento del organismo, para que, a su vez, lo procese en otros 10 días.
En caso de que el dictamen sea favorable, el pedido volverá a la Presidencia. Luego pasará al CNE y se proyecta
que en la primera semana de febrero se concrete la consulta.

La logística electoral


El CNE aún espera que se cumpla el proceso para la convocatoria a la consulta. Sin embargo, adelantó que se utilizaría la misma infraestructura de las elecciones pasadas para optimizar recursos.

Paúl Salazar, consejero del CNE, comentó que hay equipos técnicos que se podrían reutilizar. A su criterio, no se volvería a gastar en servidores, nuevo hardware, infraestructura de telecomunicaciones, cámaras de vigilancia y otros dispositivos que están embodegados.

Además, debido al poco tiempo que se tendría, en caso de que la consulta pase, se mantendrían a los miembros de las juntas receptoras del voto que participaron en las elecciones presidenciales pasadas. A los mismos integrantes de las mesas se les “reforzará” la capacitación para que realicen el escrutinio de las papeletas de la consulta con facilidad.

En el organismo también se discute la posibilidad de aumentar el número de votantes por junta receptora del voto de 300 a 400, para reducir la cantidad de mesas en el país.

La facilidad de que sean solo dos opciones por pregunta ayudaría para que los votantes no demoren al momento de tomar la decisión.

No obstante, todo está todavía en proceso de análisis. El plan operativo se presentará luego de que los consejeros debatan sobre la pertinencia de los cambios. Por eso tampoco existe un presupuesto exacto. Aunque habría un piso de USD 35 millones y un techo de alrededor de 60 millones.

La política pública de austeridad pesará a la hora de tomar las decisiones. Por ejemplo, no se va a alquilar un centro de mando electoral en un hotel cinco estrellas, como ocurrió en las elecciones generales de febrero pasado.

Se priorizará los recursos en la impresión de papeletas, armado de los paquetes electorales, telecomunicaciones y contratación de los enlaces para tener los resultados lo más pronto posible.

Las coordinaciones y direcciones del CNE ya están levantando los insumos que puedan servir para el nuevo proceso. Las organizaciones políticas podrán inscribirse para tener recursos para la campaña política. Cada una podrá elegir qué preguntas respaldar.

En contexto

El Gobierno ha señalado que impulsa la consulta popular para recuperar la institucionalidad, fortalecer la participación ciudadana y corregir errores de la anterior administración. La mayor parte de partidos lo apoya. Las críticas han llegado de las filas de AP.

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