La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy, 20 de octubre, la excesiva fuerza policial que utilizaron el pasado mes de septiembre miembros de la Policía Nacional de Ecuador para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito.
HRW denunció que durante las manifestaciones, que tuvieron lugar el 17 y 18 de septiembre en Quito, policías nacionales ecuatorianos “detuvieron arbitrariamente y golpearon a manifestantes”. Entre las víctimas de abusos había numerosos manifestantes pacíficos y transeúntes, criticó la organización.
“Decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas, al ser arrestados y durante su detención”, denunció Human Rights Watch a través de un comunicado.
“No hay nada que justifique emplear violencia contra manifestantes pacíficos o transeúntes”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.
Más de 270 personas fueron detenidas durante la manifestaciones, según organización ecuatorianas de derechos humanos. Más de cien detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como “ataque o resistencia” a la autoridad y “daño a bien ajeno”, según datos de HRW.
Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos. “Los manifestantes que recurren a la violencia deberían asumir que se les exigirá responder por sus actos, pero en ninguna circunstancia deberían sufrir tormentos mientras permanecen detenidos, ni deberían ser vulnerados sus derechos de debido proceso”, añadió Vivanco.
Esta organización internacional pro derechos humanos denunció que muchos detenidos no fueron informados de los cargos en su contra ante de las audiencias y que no tuvieron acceso a sus abogados hasta media hora antes de las mismas y solo pudieron consultar con sus abogados en presencia de policías o guardias penitenciarios.
Human Rights Watch instó a las autoridades ecuatorianas a llevar a cabo “investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la actuación represiva por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de abusos y torturas contra manifestantes”.
Vivanco lamentó que el gobierno del presidente Rafael Correa respondiera a las denuncias y señalamientos de abusos “felicitando públicamente a la Policía Nacional por su rol durante las manifestaciones, amenazando con procesar a abogados que denunciaban violaciones de derechos humanos por faltar a la verdad, y cuestionando a medios de comunicación que publicaron información sobre los abusos”.
“Correa no ha demostrado ninguna preocupación por los derechos de los manifestantes”, dijo el activista chileno. “Por el contrario, ha aplaudido a la policía que los golpeó, y amenazó a abogados y periodistas que pusieron en evidencia este brutal maltrato”, denunció Vivanco.
En las principales ciudades ecuatorianas se registraron el pasado mes de septiembre manifestaciones en contra y a favor del gobierno.
En la mayor marcha opositora que se celebró en Quito se cuestionaron algunas decisiones laborales educativas y legales tomadas por el gobierno de Rafael Correa.
Los manifestantes protestaban contra la propuesta de reformar el Código Laboral, el posible incremento de los costos de transporte, el acceso a la educación en universidades públicas y contra las políticas gubernamentales de promoción de industrias extractivas, entre otras cuestiones.