21 de septiembre de 2017 00:00

Carondelet recibió a los manifestantes

Sindicalistas, líderes sociales, ciudadanos, indígenas, jubilados recorrieron las calles del Centro Histórico, ayer, 20 de septiembre de 2017, en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Sindicalistas, líderes sociales, ciudadanos, indígenas, jubilados recorrieron las calles del Centro Histórico, ayer, 20 de septiembre de 2017, en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)
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Los sindicatos recuperaron la capacidad de organización. Cientos de personas acudieron a la marcha que convocaron, en Quito, ayer, 20 de septiembre de 2017.

En un principio, se anunció que la medida serviría para presionar al Gobierno y lograr la convocatoria a una consulta popular para reformar las instituciones.

Pero el presidente Lenín Moreno se adelantó, el lunes 18, y confirmó que sí se realizará el proceso electoral.

Entonces, la consigna principal de los manifestantes se reorientó. El grito unánime en las calles fue contra la corrupción y los funcionarios que son investigados por los casos Odebrecht y Petroecuador. Se elaboraron carteles, banderas, monigotes, con frases alusivas.

Indígenas, líderes sociales, ciudadanos, representantes de
organizaciones no gubernamentales, jubilados... confluyeron. El punto de partida de la marcha central fue la Caja del Seguro, en el norte de la capital. Pero hubo también marchas en provincias como Cotopaxi, Guayas, Chimborazo, Santo Domingo, Azuay.

En Quito, avanzaron por la av. 10 de Agosto y coparon las estrechas calles del Centro Histórico. La Policía montó cercos de seguridad, pero no hubo enfrentamientos, como en las manifestaciones anteriores, contra el Régimen del expresidente Rafael Correa.

El Gobierno recibió a 20 representantes de los trabajadores y de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los ministros del Ambiente, Tarsicio Granizo; de Justicia, Rosana Alvarado; del Trabajo, Raúl Ledesma; y el secretario de Gestión Política estuvieron en el Salón Azul del Palacio de Carondelet.

El presidente del FUT, José Villavicencio, entregó la
carta con cuatro preguntas, que esperan sean incluidas en la consulta. La primera se refiere a la lucha contra la corrupción. El FUT pide que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con que se repare integralmente los daños causados por la corrupción a los ciudadanos, a la naturaleza y al Estado. También, que se aplique la muerte civil permanente y la extinción del dominio de los bienes mal habidos a quienes hayan cometido de­litos relacionados.

En la segunda interrogante, se propone consultar sobre si la población está de acuerdo con dejar sin efecto las enmiendas constitucionales apro­badas por la Asamblea en el 2015. Incluyeron temas como la reelección indefinida, las capacidades de la Contraloría para el control de los recursos estatales, la comunicación como servicio público y la contratación pública.

La tercera pregunta tiene que ver con el cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las que hayan sido seleccionadas por ese organismo. La última interrogante es sobre si el pueblo está de acuerdo con que una comisión “ciudadana de representación plural y de alta probidad moral”, designada por el Presidente de la República, prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones.

Carvajal señaló que ya existen varias propuestas presentadas por ciudadanos y otras organizaciones. “Tenemos que procesar; evidentemente, algunas preguntas estarán dentro de la consulta y otras no”. Algunas iniciativas podrían tratarse en el Legislativo, como reformas legales, adelantó el Secretario.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, advirtió que si bien la consulta es un paso necesario, también es importante trabajar en una agenda mayor. Por ejemplo, para desmontar todas las normativas que han servido para “criminalizar” la protesta social.

En eso coincide Cléver Jiménez, exlegislador, que participó en la marcha. Él caminó por las calles del Centro con un grillete electrónico en su tobillo. Fue una medida dispuesta por un juez, mientras se resuelve el proceso judicial que enfrenta por, supuestamente, haber difundido información reservada, producto de un presunto ‘hackeo’ de cuentas personales de exfuncionarios del Gobierno.

Para Jiménez, todo el marco normativo debe cambiar, para evitar que se utilice en función de la conveniencia del gobernante de turno.

Los manifestantes celebraron con música y aplausos el haber podido llegar a la Plaza de la Independencia, que en el Régimen pasado estuvo tomada por el oficialismo, en cada protesta popular.

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