18 de marzo de 2018 00:00

Marcela Aguiñaga reaccionó luego de conocer la ratificación de la glosa por USD 41 millones en su contra

La exministra Marcela Aguiñaga es señalada en el caso de los terrenos adquiridos al Issfa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La exministra Marcela Aguiñaga es señalada en el caso de los terrenos adquiridos al Issfa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política
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La exministra de Ambiente y actual legisladora, Marcela Aguiñaga, interpondrá una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y solicitará la nulidad de lo actuado por la Contraloría, que se ratificó en una glosa en su contra.

“Se ha demostrado hasta la saciedad que no hubo perjuicio al Estado en la negociación del Issfa y el Ministerio del Ambiente, y así lo certifica el Ministerio de Economía y Finanzas”, manifestó la exfuncionaria.

A su juicio, la ratificación responde a una “persecución política”. Para ella, la acción de la Contraloría no tiene sustento legal. Y señaló que no se valoró un oficio suscrito por el Ministerio de Finanzas donde se certificó que el dinero nunca salió de las arcas fiscales.

La glosa de la Contraloría tiene que ver con el pago no justificado de USD 41 millones por 66 lotes que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de FF.AA.

La notificación inicial le llegó a Aguiñaga en noviembre del 2017.
Entonces, la entidad estableció un plazo de 60 días para que se presentaran pruebas de descargo. El tiempo concluyó y, el 15 de marzo pasado, la Contraloría ratificó la medida, tras negar un recurso de revisión.

Aguiñaga explicó que la zona donde se construyó el parque Samanes, en Guayaquil, fue declarada área protegida el 30 de marzo de 2010. Y aseguró que al ser área protegida, es de competencia exclusiva del Gobierno Central y excluye la competencia de la autoridad seccional.

En la compra-venta, las autoridades tomaron en cuenta el avalúo de la dirección especializada del Ministerio Vivienda. Según la Contraloría, lo que correspondía era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil.


A continuación, se publica las respuestas que la exfuncionaria dio a EL COMERCIO


¿Cómo va a responder a la Contraloría que se ratifica en la glosa de 41 millones?
Por las vías legales pertinentes, es decir, interpondré una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y solicitaré la nulidad de lo actuado por parte de la Contraloría, debido a que se ha demostrado hasta la saciedad que no hubo perjuicio al estado entre la negociación del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, y así lo certifica el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Cuándo fue notificada del proceso que le siguió Contraloría?
Las notificaciones se iniciaron en noviembre del año pasado, luego de que hiciera pública mi postura contra este gobierno.

Para usted, ¿qué implica la ratificación? ¿Podría implicar una sanción con destitución?
La ratificación responde a una persecución política para quienes no estamos de acuerdo con los pactos y componendas ejecutados en los últimos meses al puro estilo del viejo país. Esta ratificación no tiene sustento legal ni constitucional, al punto de que no se valora el oficio suscrito por el Ministerio de Finanzas donde se certifica que el dinero nunca salió de las arcas fiscales. Y en este caso no existe ni cabe la sanción de destitución.

¿Cómo se llegó a establecer el precio de 48,2 millones por los terrenos de Samanes?
La zona donde se construyó Parque Samanes fue declarada área protegida, el 30 de marzo de 2010 mediante acuerdo 048. Al ser área protegida, es de exclusiva competencia del Gobierno Central y excluye la competencia de la autoridad seccional. Además el Art. 58 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, vigente a la fecha, establecía que el avalúo de la Dirección municipal procedía únicamente en casos de expropiación y meramente con carácter referencial. En mi gestión como Ministra del Ambiente no se realizó ninguna expropiación; en este caso se efectuó una compra – venta entre instituciones del estado, por lo que no aplicaba el avalúo municipal. Y fue así que la Dirección de Avalúos y Catastros del Miduvi, realizó el avalúo de los 66 lotes de terrenos del Issfa, por el valor de 48 millones.

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