22 de December de 2009 00:00

Maquita Cushunchic es un ejemplo de comercio justo

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Bajo el concepto comercializado como hermanos nació en 1985 la fundación Maquita Cushunchic.

La finalidad fue apoyar a los campesinos de escasos recursos del país, a través de un sistema de comercialización alternativo que les permitía vender los productos básicos sin intermediarios y con precios justos mediante una gestión solidaria y comunitaria. La iniciativa fue de las Comunidades Eclesiales de Base del sur de Quito, guiados de la batuta del sacerdote Graziano Mason.

Al inicio se mantenían en mercados  y tiendas comunitarias, poco a poco los beneficiarios crearon empresas especializadas en comercio solidario que se extendieron al resto del país.
Hoy están en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Napo y Pastaza.

Trabajan en la exportación de cacao, alimentos agroindustriales, artesanías, productos andinos y en turismo responsable. Los productos también se exportan a Estados Unidos y Europa. Maquita es parte de la Organización Mundial de Comercio Justo. Como fundación se preocupa del fortalecimiento socio organizativo y el desarrollo productivo.

Entrevista a Eduardo Bertoni. Ex relator OEA para la libertad de expresión

‘El registro de los medios impresos me parece grave’

Redacción Política
 
En su opinión, ¿qué aspectos del proyecto de Ley de Comunicación preocuparon más a la bancada de A. País?

Este proyecto de ley, si bien tiene aspectos positivos, aborda temas criticables en materia de respeto a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. La OEA y  la Unesco así se han manifestado. También lo hicimos desde esta alianza de organizaciones latinoamericanas que trabaja por la defensa de la libertad de expresión.      

Al inicio del debate sobre este proyecto, la arquitectura jurídica internacional pesó muy poco...

Sería un daño enorme para la democracia ecuatoriana apoyar y sancionar una ley que vulnere estos estándares internacionales. En buena hora que la forma en la que se pensaba discutir el proyecto en la Asamblea, con tanta rapidez, ha cambiado.    

¿Cuánto cree que pesó en el oficialismo la presión y la crítica internacional?

Cuando se tiene la fuerza parlamentaria para imponer ciertas mayorías, se cree que se puede avanzar sin ningún tipo de tropiezos en la aprobación de una determinada ley. Esto no sucede solo en Ecuador. También influye la característica de leyes que, como la de Comunicación, están vinculadas con el fortalecimiento democrático y, por lo tanto, llaman más la atención que otras.  



¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Argentino, es el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Hasta 2005 fue el relator especial de la OEA para la Libertad de Expresión. Es parte de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión.¿Qué aspectos del proyecto motivaron a estos sectores internacionales seguir de cerca  el debate en Ecuador?

El Centro que dirijo ha advertido que en varios países de la región existe la tendencia de modificar las leyes de Radio y Televisión. Es un proceso que se inició en 2002 en Venezuela. La modernización de este tipo de legislaciones es algo positivo. Recordemos que muchas de ellas se expidieron durante los regímenes dictatoriales. Además, las plataformas tecnológicas de la información han cambiado mucho.   

¿El caso ecuatoriano tiene particularidades?

Sí, porque la ley en debate aborda a los medios impresos.

Y pone cortapisas a la libertad de expresión...

Hay que tomar en cuenta que dentro de esta tendencia regional de cambios legales se pueden introducir regulaciones y previsiones altamente nocivas. En ese sentido, quienes hacemos un seguimiento al respeto de la libertad de expresión en el continente latinoamericano estamos vigilando todos estos procesos, donde se incluye el ecuatoriano.     

¿Cuál es el punto más negativo que, a su juicio, tiene el proyecto de ley?

Hay disposiciones que abren la posibilidad de la censura previa y eso no lo acepta la Convención Interamericana de DD.HH. La ley impulsa la colegiación obligatoria de los periodistas. Esto es una afrenta a  la libertad de expresión. El sistema de sanciones tiene descripciones fácticas muy vagas. Es decir, no se sabrá muy bien cuándo un medio podrá ser  sancionado. Causales como “la afectación de la dignidad humana” son muy ambiguos.    

¿Hay un cuarto tema?

El registro del sistema de medios me parece muy peligroso. Se puede entender cuando este registro tiene  que ver con la explotación de las frecuencias radioeléctricas. Pero llevar este sistema a la prensa interna me parece que generará una herramienta de control muy grave. La ley también siembra dudas en conceptos internacionales como la reserva de la fuente.       

¿Ha revisado la conformación del Consejo de Comunicación?

El proyecto deja abierta la posibilidad de una manipulación que, si no hay condiciones de contrapoder y transparencia en la selección de sus miembros, permitirá un Consejo, con  atribuciones y facultades sancionadoras, adicto al Gobierno.

¿Estos temas pueden irse corrigiendo sobre la marcha del debate de la ley que cuenta con el apoyo del oficialismo y la oposición?

Mi recomendación es que se revise toda la ley, porque si se quiere hacer parches con estos temas, se pueden causar problemas adicionales a otros temas de la ley que sí pueden ser positivos.

¿Cómo cuáles?

Está bien que las  nuevas legislaciones generen un marco regulatorio que impida concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Lo que no está claro es cómo se aplicaría esta normativa.


¿La regulación del monopolio deberá ser a futuro?

Sí. Hay que evitar que se produzcan los monopolios.

Pero, ¿qué pasa con los actuales?

Mi reflexión es a escala regional: en muchos países la concentración de medios ha sido una realidad. Creo que cada país debe abordar este tema en el marco de las herramientas que le da su estado de derecho. Si hay derechos adquiridos de manera legítima, por parte de personas y grupos, habrá que respetarlos en la medida en que estos no se contrapongan con otras leyes de la época.

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