La periodista Manuela Picq en su apartamento en Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Manuela Picq, profesora y periodista franco-brasileña, detenida tras las manifestaciones del jueves 13 de agosto junto con su pareja Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, tuvo una conversación vía telefónica, el 20 de septiembre del 2015, con este Diario, en la que expresó que “las ideas que no son sujetas al Estado no son bienvenidas. Se utiliza el aparato estatal de modo ilegal para silenciarlas. En mi caso, mi visa ha sido revocada de forma arbitraria e ilegal“.
Para Picq, la Constitución del Ecuador “da los mismos derechos de participación a ciudadanos nacionales y extranjeros”. Por lo que el problema que actualmente mantiene con el Estado es más que un tema constitucional.
Ante esto, Picq comparó su caso con el del ministro de Cultura, Guillaume Long, de origen francés, quien desempeñó varios cargos en el sector público, tales como Ministro de Talento Humano, Presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y Ministro de Cultura.
Ante la negación de la visa de residencia temporal de Mercosur, por parte de la Cancillería, mediante una carta oficial, Picq dijo que no existe “ningún justificativo jurídico” para tal hecho. Añadió que debe haber fundamentos jurídicos que respalden la decisión de la Cancillería, pues ella “no ha sido acusada de nada”.
El 21 de agosto, la periodista franco-brasilera que era catedrática en la Universidad San Francisco abandonó el Ecuador al considerar que no existían las garantías constitucionales mínimas para su permanencia en el país. Desde el 15 de ese mes regía un Estado de excepción en el país.