Elba Amagua, madre de Byron Daniel Caiza, dirigió una manifestación afuera del Municipio de Mejía. Pedía justicia. Foto: Jenny Navarro / El COMERCIO.
La razón sobre la muerte de Byron Caiza aún no está clara para sus familiares. La Policía asegura que fue quemado tras una riña. Para el fiscal Henry Cáliz, que lleva el caso, no existió tal pelea. Indica que el joven de 23 años caminaba por la calle cuando unas personas lo interceptaron y lo acusaron de romper el vidrio de un carro.
“Lo arrastraron hacia un domicilio, en donde estaban otros ciudadanos ebrios. Lo amarraron, echaron combustible y prendieron fuego”, aseguró Cáliz en una entrevista con este Diario. Este hecho ocurrió cerca de la 01:00 del lunes 16 de febrero del 2015. Caiza logró huir de la hoguera y tres días después murió hospitalizado.
Este no es el único caso de violencia en Machachi, una población del cantón Mejía, en Pichincha. En la Fiscalía local hay otras denuncias de agresiones que terminaron en graves lesiones. El 14 de junio del 2014, por ejemplo, un hombre fue golpeado cuando asistía a un partido de fútbol en el barrio Santiago Roldós. Según la denuncia del agredido, una persona apareció de manera inesperada, le acusó de ser el amante de una mujer a quien no conocía y lo golpeó.
En el documento se dice que la víctima no pudo defenderse, porque estaba en estado de embriaguez y el desconocido en un arrebato de ira tomó una piedra que pesaba cuatro libras y le rompió huesos de la cara.
Diego V. es la víctima y tras ese hecho fue internado en el hospital, los médicos le practicaron una cirugía para reconstruir su rostro y luego de tres meses de tratamiento aún no se borran las cicatrices.
La violencia entre vecinos se dispara en noviembre, cuando Mejía celebra sus fiestas. Esto lo reconoció Ulises Parreño, comandante de la Policía local. En ese mes del 2014 hubo ocho riñas colectivas y cinco más que sucedieron entre familiares, parejas, madres e hijos, detalla un reporte de la Fiscalía.
“Se trata de problemas de convivencia social. Es decir, no son actos premeditados o que buscan una ganancia económica como un robo violento, son actos que hace la gente porque así espera solucionar sus problemas”, indicó el oficial.
De hecho, los conflictos de convivencia social preocupan a las autoridades. Por ello, el 9 de diciembre pasado, el Ministerio del Interior presentó la Guía de Seguridad Ciudadana y Solidaridad Ciudadana.
En ese entonces, Luis Varese, asesor de ese Ministerio, dijo: “No se debe pensar que la seguridad solamente es la ausencia de delitos, sino la ausencia de las condiciones que generan estos problemas de convivencia y de inseguridad”.
En el país, la Fiscalía receptó un promedio mensual de 462 denuncias por lesiones en el 2014. A más de esos casos, mensualmente hubo 12 personas que, en promedio, perdieron un órgano o quedaron con heridas permanentes tras un ataque violento de desconocidos.
En el caso de Machachi, la muerte del deportista hizo que los vecinos rememoraran otras escenas de violencia. Hace dos años, en Mejía, la Policía rescató a dos jóvenes que casi fueron linchados por los habitantes de un barrio. La gente los acusaba de haber entrado a una hacienda, pero tras la investigación se supo que en realidad los muchachos salieron de una fiesta e ingresaron a ese predio para cortar camino hacia casa.
Estaban borrachos y la gente de ese barrio, que se encontraba en una fiesta colectiva, también había bebido. De hecho, en el 98% de los casos de riñas colectivas y entre familiares registrados en Machachi en el 2014 los involucrados, tanto la víctima como el agresor, habían consumido licor. “Para mí, el alcohol es un detonante”, indicó ayer el fiscal Cáliz.
Ayer, las protestas al parque central de esa población volvieron. Los familiares de Caiza salieron con su fotografía. “No entiendo cómo alguien puede hacer un daño tan grande a un muchacho que no hizo nada. Si rompió el vidrio, le podíamos haber pagado 100 vidrios, pero no tenían que matarlo”, dijo Nora Bustillos, una moradora del sector de Alausí, que ayer, 23 de febrero del 2015, acompañó al plantón de la familia de Caiza. “No queremos que esas cosas pasen aquí. Antes este era un lugar tranquilo”, agregó Julio Ron, un vecino que vive en el barrio El Pedregal.
Otra pista que la Fiscalía conoció en el caso Caiza es que en la madrugada, cuando ocurrió su muerte, bebió en casa de un familiar, a unos 20 metros de donde posiblemente fue quemado. “¿Solo queremos que nos digan por qué (lo mataron)?”, indicó indignado el Jorge Caiza, padre del ciclista.
Para toda la familia es difícil entender qué personas, a quien su hijo nunca conoció, hayan reaccionado de esa forma.
Para el fiscal Cáliz, el comportamiento de las tres personas sospechosas del asesinato es incomprensible. “Arrastraron al chico hacia un terreno, allí estaban otros familiares (que disfrutaban de una fiesta) ebrios. No entiendo cómo al ver a una persona victimada nadie lo auxilia y lo queman”.