Abelardo Pachano
A propósito del problema del alto desempleo que existe en España, el ex presidente socialista Felipe González acaba de recordar un viejo axioma: “La economía no se arregla con decretos”. Y, por acá podríamos decir que “tampoco con declaraciones apresuradas”. Lo dijo porque sabe muy bien que si ello fuera posible hace mucho tiempo todos habríamos alcanzado el paraíso.
Lo que la economía necesita son normas simples. Bien pensadas. Consistentes. Que traten a los seres humanos como son:
seres racionales, inteligentes. Que no se aproveche de su ingenuidad ni de sus necesidades.
Lo lamentable es que hay visiones deformantes sobre la forma de corregir los problemas de la equidad. Persisten aquellas que
creen que las imposiciones consiguen objetivos, cuando lo lógico entre seres pensantes es usar la razón como arma para llegar a las metas buscadas.
La economía trabaja precisamente con alicientes positivos para impulsar decisiones y negativos para cambiar conductas. Frente a estas motivaciones o frenos responden los miembros de la sociedad.
Entonces si lo que se requiere es promover al empleo, la autoridad debe encontrar los medios para conseguir que las iniciativas que ofrezcan nuevas fuentes de trabajo se multipliquen, florezcan. Al diseñarlas debe ponerse en los zapatos de quienes tienen que asumir riesgos, poner en juego sus capitales, emprender en nuevos negocios para saber si lo propuesto cae como anillo al dedo para generar la demanda de trabajadores que ayude a resolver el problema social y a cristalizar esas ideas.
El debate en el mundo desarrollado es ese. Atraer capitales que combatan el desempleo. No se trata de desproteger a los trabajadores o desfinanciar al Estado sino de encontrar fórmulas creativas que permitan salir de este bache de una forma positiva y solidaria. Se sabe que el Estado es inútil en la solución directa del empleo.
De ahí que la fórmula de aumentar impuestos y salarios sin tomar en cuenta la etapa económica, la existencia de cientos de miles de desempleados sólo reduce la demanda de mano de obra. Achica a la economía formal e incentiva la búsqueda de mecanismos para informalizar el trabajo. El Mandato 8 es un ejemplo de destrucción social. Con la propuesta del salario ‘digno’, los sectores con más mano de obra son los más afectados: en la construcción el 64% de los trabajadores tienen ingreso inferior al propuesto.
En la agricultura el 84%, con lo cual el efecto carambola en los precios es inevitable, que se refleja en la canasta básica de consumo de la gran mayoría de los ecuatorianos constituida por alimentos.
Las grandes empresas se defienden de esta forma de destruir bienestar y consiguen una posición más dominante en el mercado.
La conclusión es obvia. Por esta vía se machaca el empleo.