10 de septiembre de 2017 00:05

Luis Pásara: ‘Se montó un sistema para someter a los jueces’

Luis Pásara es jurista y académico de Flacso-España. Foto: Cortesía del bloq DPLF

Luis Pásara es jurista y académico de Flacso-España. Foto: Cortesía del bloq DPLF

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Arturo Torres
Editor general (o)

Entrevista a Luis Pásara, Jurista y académico de laFlacso- España-

La sumisión de la justicia al poder político ha sido una constante en América Latina. ¿Por qué persiste este fenómeno?

Los latinoamericanos nunca hemos tenido una tradición de independencia judicial, que es una noción y práctica de la tradición angloamericana. Desde la Colonia, los jueces eran mandatarios del rey y ahora lo son de los presidentes o políticos de turno. Además, la independencia no es vista en nuestras sociedades como un tema relevante, es más bien relativamente reciente.

En el caso ecuatoriano también ha sido permanente en la historia republicana la falta de independencia del Poder Judicial. ¿Los políticos siempre han querido controlar a la justicia?


Eso es común en muchos de nuestros países y entre la mayoría de nuestros políticos. Sin embargo, el caso ecuatoriano es especial, sobre todo con el gobierno de Rafael Correa, que utilizó el malestar ciudadano con la justicia para iniciar una nueva reorganización para controlarla.

Pero esos cambios fueron avalados por la población en una consulta popular que dio paso a la reforma judicial en el 2011.

Así es. El objetivo declarado era modernizar a la justicia y en esa dirección se mejoraron muchas cosas, se ha construido mucha infraestructura. Sin embargo, al igual que lo ocurrido con Alberto Fujimori en Perú, la justicia se modernizó pero no se independizó. Este fue el objetivo oculto en ambos casos. Ni a Fujimori ni a Correa les interesaba tener jueces independientes.

¿Lo ocurrido con la reforma de la revolución ciudadana tiene antecedentes?


Ningún precedente, ni siquiera contemporáneo. En Ecuador se montó un sistema más complejo para someter a los jueces. Se aprobaron normas que aparentaban ser institucionales, con la reformulación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que fue clave en este plan para influir en las decisiones judiciales.

Luego de la reforma, el CNJ dejó de ser un órgano administrativo y se convirtió en un juez de jueces.

Efectivamente. Han hecho por una vía institucional y legal lo que hubiera hecho cualquier dictadura. Correa lo decía en las sabatinas, donde criticaba a jueces con nombre y apellido, y los siguientes días se les iniciaba procesos para despedirlos. Eso fue un hecho que ahora se está confirmando con el aparecimiento de correos y denuncias de exjueces.

¿En qué medida las declaraciones del expresidente Correa y algunos de sus ministros para cuestionar a los jueces afectaron la independencia judicial?

He trabajado el tema de la independencia judicial en varios países, pero en el caso ecuatoriano me llamó la atención especialmente la falta de pudor del expresidente Correa cuando decía estas cosas los sábados, amenazando a los jueces y pidiendo directamente que se los sancionara.

En este período también fue una constante la criminalización de la protesta social. Usted en un estudio sobre la justicia ecuatoriana, difundido el 2014, analizó varios casos paradigmáticos. ¿Qué constató en esa investigación?

También fue un objetivo claramente político del gobierno. Estudié 12 casos de gran repercusión social, como el de los jóvenes del Central Técnico, que no tenían ninguna motivación política y sin embargo fueron sentenciados, solo por protestar. En la medida en que el anterior gobierno fue derivando en formas más autoritarias sintió la necesidad de controlar y reprimir a indígenas, periodistas y líderes sociales que reclamaban por sus derechos. Entonces, cualquier acto o manifestación de desacuerdo podía ser objeto de sanción a través del aparato de justicia.

También se aplicaron las figuras delictivas del terrorismo y el sabotaje para juzgar delitos comunes, en contraposición con lo que dispone el derecho internacional.

Se usaron estas figuras indiscriminadamente, según conviniera para sancionar el desacuerdo, la disidencia.

¿Esas medidas fueron efectivas?

Por supuesto, yo creo que hasta ahora las consecuencias de ese amedrentamiento se sienten en Ecuador.

¿Cómo ve usted el papel silencioso de la sociedad civil frente al sometimiento del Poder Judicial?

La sociedad civil ha sido y es todavía bastante débil. El tema de la justicia no se comprende suficientemente bien entre la gente. No es un aspecto civil importante; los ciudadanos sienten malestar por el estado de la justicia, pero no perciben que deba ser resuelto como una prioridad en la agenda pública.

¿Qué se puede hacer para recobrar o buscar, mejor dicho, la independencia del Poder Judicial?

Es muy difícil salir de esta situación, no solo la institución se ha desprestigiado, el cargo de juez se ha devaluado por su sumisión al poder político. No son juristas imparciales que ejerzan su principal función que es controlar el ejercicio de la legalidad en los actos del gobierno. Tenemos malos políticos, corrupción y abusos, lo cual podría ser resuelto y enfrentado eficazmente con jueces independientes.

¿Entonces qué hacer ?

Habrá que ir depurando progresivamente, seleccionando nueva gente, que otro tipo de abogados postulen.

¿También sería necesaria otra reforma del CNJ?

Por cierto, es el primer paso. El CNJ debe dejar de ser, tanto por la manera en que es designado como por la competencia, un organismo politizado.

Su formación
Es abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue profesor. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.

Su trayectoria
Ha trabajado sobre el sistema de justicia en Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala y México. Es autor de Jueces, justicia y poder en el Perú e Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, entre otros ensayos.

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