2 de agosto de 2014 00:00

Jurista Pásara da 2 explicaciones a la presión judicial

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Redacción Política

Las interferencias del Poder Ejecutivo en el Judicial se ejecutan, supuestamente, desde dos ejes. Por un lado está el uso de la Justicia para criminalizar la disidencia política; y por otro, el uso de sanciones para jueces que no fallan de acuerdo con las tesis del Gobierno.

Así lo establece el informe “Independencia judicial en la reforma judicial ecuatoriana”, realizado por el jurista Luis Pásara, con el aval de tres organizaciones internacionales.

El documento fue presentado martes pasado, pero las reacciones desde el Gobierno siguen surgiendo. Ayer, el presidente Rafael Correa se refirió al tema en una entrevista en Bucay. “Ahora tenemos un supuesto análisis de organizaciones independientes diciendo que la Justicia no es independiente en el Ecuador. Es la misma Catalina Botero de la CIDH (relatora para la Libertad de Expresión), la misma gallada de siempre contraria al Gobierno tratando de deslegitimar la revolución ciudadana”.

Pero, ¿quién es Luis Pásara? Es un jurista peruano, abogado por la Universidad Católica del Perú y miembro de la Fundación para el Debido Proceso, que publicó el informe.

También, trabajó como consultor en este Gobierno, y junto con el Ministerio de Justicia, entonces presidido por Gustavo Jalkh (ahora titular de la Judicatura), participó en el 2008 como autor de la serie ‘Justicia y derechos humanos, neoconstitucionalismo y sociedad’.

En su informe, Pásara analiza 12 casos para demostrar las interferencias del Ejecutivo en la Justicia (en esta nota, se recogen cuatro de ellos). Muestra procesos en los cuales se ha criminalizado la disidencia, como los relacionados con la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Además, incluye otros casos como el de los 10 de Luluncoto, el apresamiento de los jóvenes del Central Técnico y el juicio contra Diario El Universo.

La mayoría de ellos tiene un punto en común: autoridades del Gobierno emitieron pronunciamientos y declaraciones públicas en las que expresaron sus criterios, algunas veces antes de una sentencia.Por ejemplo, cuando la veeduría a los contratos del hermano del Presidente, Fabricio Correa, informó que el Primer Mandatario estaba al tanto de los hechos, él presentó una denuncia contra los veedores. “Hay mala fe total, hay infiltración (de la oposición), seguramente bien pagada”, dijo en una sabatina.

Los jueces Hugo Sierra, Luis Fernández Piedra y Jacqueline Pachacama, del Tribunal Quinto de Garantías Penales, fueron destituidos después de presiones y declaraciones públicas en su contra. Ellos declararon la inocencia en primera instancia del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, por los hechos del 30-S.

“Antes de que emitiéramos la sentencia, el ministro de Justicia, José Serrano (actual ministro del Interior), había indicado que nosotros estábamos supuestamente parcializados y que íbamos a emitir una sentencia en contra. Había dicho que éramos unos jueces corruptos”, recuerda Pachacama.

Meses después del fallo, los tres fueron destituidos bajo la figura de “error inexcusable”. Según el informe, esta sanción es la más frecuente en los casos de magistrados que fallan en contra de la tesis del Gobierno.

Ese fue también el caso del juez José Suing y el conjuez Gustavo Durango, exmiembros de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. Ellos fueron destituidos por error inexcusable tras emitir una sentencia que libró de culpa a la OCP, en una causa impulsada por el Servicio de Rentas Internas.

La sanción se dio después de unas declaraciones de Carlos Marx Carrasco, entonces titular del SRI, en una rueda de prensa.Suing cree que el informe muestra la realidad de la Justicia en el Ecuador. “Nuestra actuación fue estrictamente en derecho y no se nos dio la oportunidad siquiera de defendernos.

El Consejo llegó a hacer un análisis jurisdiccional de la sentencia”, señala.

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