10 de June de 2009 00:00

Todo listo para el trámite de una polémica ley para la Asamblea

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Redacción Política

La Comisión de lo Civil y Penal, presidida por la asambleísta oficialista, María Paula Romo, presentó el informe para primer debate del proyecto de nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo trámite se cumplirá el próximo viernes, en una sesión ordinaria que incluye tres puntos y que fue convocada por el titular de la Legislatura, Fernando Cordero, a las 08:30.

La propuesta de ley establece que la sesión de instalación de la Asamblea Nacional será dirigida por los tres asambleístas más votados (votación consolidada) e inmediatamente se elegirán  las autoridades legislativas, cuyas candidaturas serán postuladas por los asambleístas y la elección será por mayoría del Pleno (63).

También se conformarán 12 comisiones especializadas permanentes y una adicional de Fiscalización y Control Político, que estará  integrada por 11 asambleístas designados por el Pleno.

Según el proyecto de ley, la fiscalización y control político corresponde a todas y todos los 124 asambleístas, a las comisiones especializadas permanentes y al Pleno de la Asamblea.

Asimismo, se otorga a esa Comisión la potestad de pedir pruebas e información a los funcionarios del Estado, más allá de la que propongan los asambleístas que impulsan el juicio político, contra los  ministros de Estados, titulares de los organismos de control, de la Función de Transparencia y Control Social, de la Fiscalía General, del Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y otros.

Sin embargo, el informe no dice nada respecto de que si la Comisión de Fiscalización y Control Político puede decidir el archivo o no de un pedido de juicio político, pero el asambleísta oficialista César Rodríguez indicó que en el proyecto de ley se mantiene el procedimiento que rige en el ‘Congresillo’, es decir, que ese organismo legislativo tendrá la facultad de archivar la solicitud, si considera que no hay méritos o pruebas por parte de los acusadores. La Constitución anterior preveía que el Pleno de la Legislatura debatiera la moción de censura y la aprobaba o negaba.

El informe también destaca que la Ley Orgánica de la Función Legislativa recoge la norma constitucional sobre el control político, en el sentido que la Asamblea Nacional recuperará la facultad de destituir a los funcionarios antes mencionados durante el juicio político, y no solo censurarlos, como establecía la Constitución de 1998.

Los otros dos puntos de la sesión del próximo viernes se refieren al primer debate del  proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría y la petición del presidente Correa para que la Asamblea denuncie el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

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