22 de diciembre del 2016 00:00

Líder shuar es indagado por ‘incitar a la discordia’

En la fotografía se ve cómo quedó la puerta de la Ficsh tras el operativo. Cortesía: Federación de Centros Shuar de Morona Santiago

En la fotografía se ve cómo quedó la puerta de la Ficsh tras el operativo. Cortesía: Federación de Centros Shuar de Morona Santiago

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Redacción Seguridad
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El operativo comenzó a la 00:15 de ayer, 21 de diciembre del 2016. Agentes élite de la Policía (GIR), otros de la PJ, de Criminalística y funcionarios de la Fiscalía detuvieron al presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), Agustín Wachapá. Además, allanaron las oficinas de esta agrupación en Sucúa, Morona Santiago.

Tras la incursión policial, organizaciones como la Conaie lanzaron alertas de lo que sucedía y dijeron que actuaron al menos 100 uniformados, que “destrozaron todo”, que “llevaron computadoras y forzaron muebles donde reposaban los archivos de los terrenos”. Representantes de la radio La Voz de Arutam relataban que esto ocurrió cuando todos los pobladores descansaban.

En la mañana, el Consejo de Gobierno de la Conaie se reunió en Quito y en un comunicado sus dirigentes alertaron que “el Estado profundiza la crisis en Morona Santiago con esta detención arbitraria”.

En la tarde, el ministro del Interior, Diego Fuentes, habló con EL COMERCIO y aseguró que en la operación solo actuaron 12 gendarmes y que lo único que hicieron es ejecutar una boleta de detención y cumplieron la orden de allanamiento emitida por Angie Troya, jueza de la Unidad de Sucúa.

Ahora, Wachapá tiene prisión preventiva por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. El Código Penal (art. 348) señala que este hecho es penado con cárcel de uno a tres años.

Al dirigente además se le acusa de utilizar las redes sociales, para “llamar a la agresión por parte de miembros shuar a la fuerza pública. También, a que se generen enfrentamientos entre ciudadanos”.

Esto, con relación a los hechos violentos sucedidos la semana pasada en Panantza y en el que murió el policía José Mejía y otros siete uniformados resultaron heridos.

La orden judicial que avala el allanamiento a las oficinas de la Ficsh también señala que se incauten objetos relacionados con el hecho que se investiga, como materiales explosivos, armas artesanales o no, pólvora, municiones, panfletos.

Además, computadoras, cámaras fotográficas, videograbadoras, celulares, tabletas, comunicaciones y actas, “que pudieran ser utilizadas para perpetrar actos en contra de la vida e incitar enfrentamientos armados que conmocionan el orden interno y la seguridad”.

Los dirigentes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar también se reunieron en Morona Santiago.

El asesor síndico de la Ficsh, Franco Lituma, contó que en la mañana se comunicaron con la Defensoría del Pueblo y el Defensor Público para conocer dónde estaba detenido Wachapá y por qué razón.

Allí se enteraron que el dirigente estaba arrestado en Gualaquiza y que fue apresado por la investigación del enfrentamiento en el campamento La Esperanza. Tras la aprehensión,Wachapá fue trasladado al Hospital Misereor para su valoración. “Desmentimos rumores de que fue detenido ilegalmente o secuestrado. Esto no sucedió”, aseguró Fuentes.

Mientras esto sucedía en Morona, en Pastaza el concejo de gobierno Tayjasaruta del pueblo Sarayaku rechazaba las acusaciones del presidente Rafael Correa, de que los 11 militares liberados el martes estaban secuestrados. “Lo que hicieron se llama secuestro y tendrán las consecuencias legales”, dijo el Mandatario.
El art. 161 del COIP dice que este delito es penado con cárcel de entre cinco y siete años.

Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Exteriores de Sarayaku, indicó que no hubo tal delito y que solicitaron se aclare la presencia de militares en territorios ancestrales.

Según los indígenas, es inusual la presencia de uniformados en la zona sin que antes haya una coordinación y la asociaron con su asamblea del 16 al 18 de este mes, en la que apoyaron a los shuar por el conflicto minero en Panantza.

Por eso, Gualinga rechazó las acusaciones e indicó que el Jefe de Estado desconoce el contexto y las circunstancias en las que se dio la retención.

Pero en la Fiscalía ya reposa una denuncia penal del Gobierno, para que se establezcan las responsabilidades del caso.

En tanto, la Gobernación de Pastaza confirmó que su titular, Guillermo Naranjo, renunció el martes y se designó a Andrea Zúñiga como gobernadora encargada. Él fue desautorizado por Correa por firmar un acta en la que aparentemente avaló que no se atentó a los DD.HH. de los soldados.

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