Los representantes de La Mariscal se reúnen los martes y jueves en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.
En todo barrio siempre hay alguna necesidad no resuelta. O que al menos a sus moradores les parece prioritaria. Los líderes barriales son los encargados de canalizar estas necesidades con el Municipio, y los presupuestos participativos son una forma de lograr recursos para sus sectores.
Hasta el próximo 20 de mayo, 450 representantes de barrios de Quito se formarán en liderazgo. La formación estará a cargo de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana e incluye capacitaciones para que sean parte de las asambleas parroquiales, en donde se decide la planificación de obras prioritarias para el siguiente año.
Sandra López Giller es representante de un conjunto habitacional en Quitumbe. Desde el pasado 20 de abril asiste, cada martes y jueves, al Centro de Convenciones Eugenio Espejo para recibir las charlas sobre liderazgo.
Para López, el conocer de herramientas para incidir en la planificación del Municipio es una ventaja. Ella asegura que los talleres de formación permiten aprender estrategias que luego serán puestas en práctica en los barrios, para canalizar sus necesidades ante las autoridades.
Para Patricia Benavides, una de las dirigentes de La Mariscal, entre las ventajas de este tipo de formación está la posibilidad de mediar. Para ella, las posiciones diversas que hay entre los moradores dificultan llegar a un acuerdo sobre una obra para el sector.
Los talleres duran un mes y están compuestos de cuatro módulos. Es la primera edición desde que, en marzo de 2016, el Concejo Metropolitano aprobara la Ordenanza 102 que promueve y regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social.
Los cuatro grandes temas que se abordan son: motivación, planificación estratégica, emprendimiento y asambleas ciudadanas. Dentro del segundo, los representantes barriales aprenden a elaborar planes para sus sectores.
José Luis Guevara, secretario de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, explica que el objetivo de la Ordenanza 102 y de las capacitaciones es que sean los barrios quienes aporten a las decisiones para construir la ciudad.
Este año, según los datos de la Secretaría de Coordinación, se realizarán 450 obras, producto de las asambleas que se realizaron en 2016. Para esto se invertirán USD 20 millones.
El proceso se divide en tres trimestres. Según Guevara, en el primero, ciudadanos u organizaciones barriales discuten sus necesidades. Tras llegar a un acuerdo esas obras se presentan mediante un formulario en su Administración Zonal. Esta se encarga, por medio de un comité técnico, de evaluar la viabilidad de la obra.
En el segundo trimestre, las administraciones zonales hacen fichas de prefactibilidad que se socializan con los moradores para que, en el tercero, se convoque a las asambleas parroquiales para definir los presupuestos participativos.
Para este año, según la concejala Daniela Chacón, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, no solo se aceptaron obras de infraestructura sino también programas sociales. Sobre esto, Guevara señaló que en 2017 se realizarán 56 programas sociales entre los que se cuentan casas comunales y proyectos relacionados con las buenas prácticas ambientales.
Participar en las decisiones del Cabildo es un derecho, según Chacón. Sin embargo, lo que hace falta, es trabajar en una forma más amplia de difusión para involucrar a más gente en estos procesos.
La concejala Susana Castañeda dijo que el funcionamiento de este mecanismo de participación depende de la visión que la Alcaldía tenga sobre la ciudad. Esto, porque si no se le da la importancia adecuada, la gente se desilusiona de su participación.
El politólogo Luis Verdesoto señala que lo positivo de la formación y participación de los barrios es que logra integrar a las comunidades. No solo esto, sino que hay un presencia directa de los ciudadanos.