2 de April de 2010 00:00

La licencia ambiental para el ITT, en proceso

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Redacción Sociedad
 
El Ministerio del Ambiente (MAE) organizó el miércoles un sobrevuelo de una hora y media  en helicóptero. El propósito era demostrar que no hay actividad petrolera en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). 

Pero cada vez hay más evidencias de que el Plan B, que apunta a extraer el crudo de la zona, avanza con más fuerza. De ocurrir esto, la Iniciativa Yasuní-ITT que busca dejar al menos 846 millones de crudo bajo tierra, se derrumbaría.

Las alertas
Roque Sevilla advierte cuatro indicios. Uno de ellos es que sigue adelante la concreción de la Refinería del Pacífico. Esta será alimentada con 100 000 barriles  diarios de crudo extraídos en el ITT y 200 000 exportados de Venezuela.   
No se firma el fideicomiso modificado de la Iniciativa Yasuní-ITT, pese a que hace tres   semanas el documento llegó a  la Presidencia de la República. 
Sevilla insiste que la actual comisión negociadora prefirió irse a Turquía, Emiratos Árabes e Irán, antes que a la Unión Europea, para ratificar los  compromisos de apoyo a la Iniciativa. “Aún más no han anunciado ningún otro viaje y tal parece que intentan dejar morir  la Iniciativa”.

Incluso en los últimos días se insistió en que el presidente de la República, Rafael Correa, ordenó que se gestionara la licencia ambiental para explotar  el bloque, ubicado en el extremo este del Parque  Yasuní.

Al respecto, ayer la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, en entrevista con Ecuavisa,  señaló:   “La famosa licencia no es mayor cosa, pero se la solicitó”.  Petroecuador fue notificado desde la Presidencia, el 9 de marzo, “que se elabore la hoja de ruta con el cronograma correspondiente, a fin de obtener este documento (la licencia ambiental para explotar el Yasuní)”.

Aguiñaga agregó que la solicitud es parte del Plan B, en caso de que no se consiga una compensación económica internacional. “Esa licencia   va a tomar mucho tiempo hasta que salga. Es un documento muy complejo que sale luego de una cantidad de estudios y análisis que deben hacerse”. Y añadió: “No quiere decir que la vayamos a aprobar (...). Es más, va a requerir, como una de sus condiciones, la aprobaci ón de la Asamblea Nacional, porque de lo contrario no se podría iniciar la operación”.

A su vez,  Roque Sevilla, ex presidente del Consejo Administrativo y Directivo de la Iniciativa, alertó sobre esas acciones en  favor del Plan B y que “este cobra  cada vez más fuerza”. Lo hizo  al comparecer el miércoles ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, que lo citó para que Sevilla  informe sobre su labor cuando estuvo al frente del Consejo Administrativo.

Durante la comparecencia  transmitió  su preocupación en torno a  “los cambios muy curiosos que ocurren en el  MAE para permitir la explotación del ITT”.
Además, Sevilla advirtió sobre la intención de dividir al ITT en dos : I y TT. Como respaldo de esa denuncia entregó  una copia del documento que funcionarios de  Petroamazonas, el 18 diciembre del 2009, presentaron  al presidente Correa.

Entre otras cosas, en ese documento se indica que el 50% de las reservas del bloque está en los campos TT. Al tiempo que se propone dejar para una segunda ocasión la  zona Ishpingo. La parte sur de este pozo está dentro de la Zona Intangible. Se la creó para proteger a los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento.

Eso explica que -según Sevilla- el Primer  Mandatario en sus enlaces sabatinos, desde enero pasado, empezó a hablar de esta nueva propuesta.

Los sectores que están a favor de  la Iniciativa aseguran que, si bien no hay muestras de explotación en el ITT, las actividades en la zona del río Napo, en el norte del Yasuní, son los mayores indicios de que el Plan B sigue.  

Uno de estos es el tendido del oleoducto en el sector Edén-Yuturi,  a unas cuatro horas en deslizador por el Napo desde Coca. Por este se transportará el crudo liviano (18 grados API -viscosidad) del bloque Pañacocha para ser mezclado con el pesado del ITT.  “Se dice que el crudo del Yasuní es casi  una brea y que antes de transportarlo habrá que calentarlo. Eso implicaría instalar una planta eléctrica gigantesca”.

Sevilla también denunció en la Comisión sobre otro riesgo: que se alteren  los límites del Parque Yasuní. Esto con el afán de eludir  el art. 407 de la Constitución, que prohíbe toda actividad extractiva en áreas protegidas. En todo caso, el Gobierno puede recurrir a una consulta popular para superar este escollo.

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