15 de January de 2015 20:56

Licencia ambiental aprobada para explorar cobre en Íntag

En mayo pasado, el proyecto Llurimagua tuvo resguardo policial debido a que comuneros impidieron la entrada de la Enami. Foto: Archivo/ El Comercio

En mayo pasado, el proyecto Llurimagua tuvo resguardo policial debido a que comuneros impidieron la entrada de la Enami. Foto: Archivo/ El Comercio

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Alberto Araujo
albertoa@elcomercio.com

La Empresa Nacional Minera (Enami EP) y la chilena Codelco recibieron el visto bueno de la autoridad ambiental para retomar las actividades de exploración avanzada en el proyecto cuprífero Llurimagua.

Este proyecto minero está ubicado en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, en Imbabura, y tiene una superficie de 4 839 hectáreas.

La ministra subrogante del Ambiente, Lorena Sánchez, aprobó, mediante resolución 864 del 16 de diciembre pasado, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos de Llurimagua.

En la resolución también se otorga la licencia ambiental a la Enami para la fase de exploración avanzada.

La Enami trabaja en sociedad con Codelco desde el 2011 para el estudio de esta área minera.

Antes también fue conocido como Íntag por estar cerca del valle del mismo nombre y en años pasados fue denominado proyecto Junín.

Esta área con potencial minero de cobre y molibdeno también ha sido ampliamente conocida por el rechazo de varios líderes sociales a la actividad extractiva.

Compañías como la japonesa Bishimetals y la canadiense Ascendant Cooper intentaron avanzar hacia la exploración de esos yacimientos, pero los trabajadores fueron desalojados y sus instalaciones incendiadas o destruidas.

Pese a ello, se llegaron a realizar 9 739 metros de perforaciones que buscaban determinar el lugar del yacimiento y una manera eficiente de explotarlo.

Con la licencia ambiental, la Enami y Codelco podrán realizar nuevas exploraciones con base en el análisis que dejaron las anteriores firmas, con miras a determinar si es económicamente factible la explotación.

La licencia ambiental aprobada consta de 15 puntos y dispone que la Enami cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental y que mantenga un programa continuo de monitoreo y seguimiento de las medidas contempladas por el Plan de Manejo Ambiental. Los resultados deberán ser presentados semestralmente al Ministerio del Ambiente.

También obliga a la Enami a presentar informes anuales de auditorías ambientales de cumplimiento, en las cuales se incluyan reportes de cómo se ha realizado la difusión del proyecto a las comunidades.

Además, la empresa minera deberá “ubicar, numerar y estimar el área de cada uno de los ‘posibles’ pasivos ambientales presentes en la concesión minera” e incorporar acciones para la restauración integral de posibles pasivos ambientales.

También, el Ministerio del Ambiente dispuso que no se podrán realizar actividades de exploración minera en “centros poblados, cuerpos de agua, relictos de bosque nativo, vías y carreteras, ni en lugares que afecten al desarrollo cultural y turístico de la zona”.

La autoridad puntualizó además que la Enami deberá “garantizar que se lleven a cabo los procesos de remediación de todos los pasivos ambientales” que se pudieran encontrar en el área de concesión.

Por medio de un correo electrónico, el Ministerio del Ambiente informó a este Diario que aunque la licencia abarca 4 839 hectáreas, la Enami sólo intervendrá en 700.

Según la autoridad, el borrador del Estudio y Plan de Manejo Ambiental fue difundido en tres asambleas que se llevaron a cabo en la zona, a las cuales asistieron 300 personas.

El Ministerio del Ambiente insistió en que la exploración minera avanzada “es una actividad que no genera impactos significativos al ambiente, ya que este consiste en hacer estudios geológicos, con base en perforaciones reducidas en el suelo para tomar muestras ­subterráneas".

Este procedimiento servirá para determinar la viabilidad del proyecto y no implica -bajo ningún concepto- construir una mina, señaló la autoridad.

"El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente incluye todas las medidas necesarias para reducir y mitigar todo tipo de afectación al Ambiente, que podrían generar las actividades de exploración avanzada”, indicó el Ministerio, aunque no detalló qué tipo de pasivos ambientales se podrían presentar.

Para la obtención de la licencia, la Enami hizo tres pagos al Ministerio del Ambiente. El primero de USD 320 por servicios administrativos; el segundo de USD 28 353 por servicio administrativo por seguimiento y control; y un tercero de
USD 3 162 por costos de valoración económica por la remoción de cobertura vegetal.

Hugo Robalino, presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, organización contraria a la actividad minera en el sector de Íntag, insistió en que las comunidades resistirán a la minería por los daños que puede causar, e indicó que el Estudio de Impacto Ambiental tiene errores.

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