17 de mayo de 2016 15:02

Juez ordenó la libertad de nueve detenidos en megaoperativo

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Sara Ortiz

Con el argumento de que no existían indicios “claros ni precisos” del delito ni sobre la responsabilidad, el juez de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, Nelson de la Cadena, ordenó la libertad de nueve personas acusados por delincuencia organizada mediante la modalidad de robo y venta de motocicletas.

Para la autoridad, los videos que presentó la Fiscalía, de los seguimientos y vigilancias a los sospechosos, no demostraban los supuestos robos ni tampoco se los veían comercializando las motocicletas.

Los sospechosos fueron detenidos durante un megaoperativo denominado Soberanía IV que se desarrolló la madrugada de este martes 17 de mayo del 2016 y varias ciudades del país y dejó un total de 40 personas arrestadas.

En los allanamientos realizados en Pichincha y en comunidades indígenas de Cotopaxi, los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) decomisaron tres armas de fuegos y tres motocicletas. Sin embargo, en la audiencia de flagrancia, la Fiscalía no demostró que las motocicletas sean robadas, pues, a las 10:30, cuando se realizó la diligencia, todavía no se había verificado esa información.

El juez aseguró que el fiscal debía contar además con las versiones de los procesados y presentarlas en la audiencia, algo que tampoco se hizo. Por esta razón, calificó la flagrancia y dio inicio a la etapa de instrucción fiscal, pero dictó medidas sustitutivas para los nueve sospechosos. Es decir, les ordenó presentarse periódicamente en la unidad judicial y finalmente dispuso la libertad de todos los sospechosos.

Según el ministro del Interior, José Serrano, los nueve detenidos conformarían una presunta organización delictiva dedicada al robo de motos, vehículos, locales comerciales, domicilios y extorsión. Así lo dijo en una rueda de prensa, en Guayaquil.

Su forma de operar –aseguró Serrano- consistía en robar motocicletas cuando estas se encontraban parqueadas o asaltaban a sus propietarios con pistolas. Los vehículos eran llevados hacia Saquisilí, donde eran acopiados y luego comercializados bajo pedido en comunidades indígenas, explicó.

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