31 de March de 2010 00:00

Libertad condicionada

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Sebastián Mantilla Baca

Pasó lo que lamentablemente nunca tuvo que pasar. Emilio Palacio, editorialista del diario El Universo, fue sentenciado por la jueza segunda de Garantías Penales, Carmen Alicia Argüello, a tres años de prisión. Esta resolución fue adoptada como resultado del juicio entablado por el presidente de la CFN, Camilo Samán, en contra de Palacio por un artículo publicado en agosto de 2009 bajo el título ‘Camilo, el matón’. Según la jueza, Palacio sería “autor de una concurrencia de delitos contra la honra: injuria calumniosa y de injuria no calumniosa”. Esto, a todas luces, evidencia no solo la profunda crisis y falta de independencia de la función Judicial en el Ecuador, sino también el grado de influencia que ha llegado a tener el ejecutivo. En efecto, ahora todo está bajo control del Presidente de la República. Por esto me explico que es lógico que queden en libertad un manojo de delincuentes -apertrechados en un Ministerio de Deportes- y, en cambio, un periodista que ha osado cuestionar al Régimen sea reducido a 3 años de prisión. Supongo que usted, estimado lector, se preguntará  lo siguiente: Si a Palacio se le sanciona por utilizar el término ‘matón’, ¿por qué el insultador más famoso del país tiene el derecho de referirse a los demás con términos como “estúpido, idiota, traidor, sátrapa, terrorista, pillo, pelafustán, buitre, basura, lelo, tonto, miserable, cachetón, cloaca, ladrón, enano ‘latin lover’, delincuente… sin que le pase  nada? ¿El hecho de llevar una banda y ostentar la más alta autoridad del Estado no es  para actuar  diferente”? Usted me dirá que los tiempos son otros. Que vivimos en plena efervescencia de la revolución ciudadana. Que es parte del proceso y  hay que esperar. Que eso no es nada. Permítanme decirles que lo que ahora tenemos es  inaceptable. Los escandalosos casos de corrupción y las nefastas intenciones de concentrar el poder demoliendo los cimientos de la democracia quieren ser ocultados atacando a la prensa libre. Es lamentable que este régimen, en lugar de ser autocrítico, quiera taparlo todo persiguiendo periodistas y evidenciando  su esencia reaccionaria y falangista. ¿Qué más reaccionario y falangista puede ser incluir en una ley la obligación de que los medios de comunicación tengan que rendir cuentas no a la ciudadanía sino a los funcionarios puestos por este Gobierno en esa burla llamada Quinto Poder? La decisión de la jueza coincide sospechosamente con las intenciones gubernamentales de controlar  la libertad de expresión. No obstante, es preciso expresarse para que oigan los que no quieren escuchar. La libertad no puede estar condicionada. Esta pertenece a los ciudadanos,  no al poder.

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