9 de December de 2009 00:00

Libertad amordazada

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Sebastián Mantilla Baca

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No hay duda. La Ley de Comunicación que se pretende aprobar, siguiendo  los dictados de Carondelet, busca coartar la libertad de expresión e  impedir el libre flujo de las ideas.

Ante la ausencia de partidos  de oposición y de instancias de control que fiscalicen graves casos de corrupción, se ha confundido el rol que tienen los medios.
La prensa no es, como lo afirma el presidente Correa: “Uno de los poderes más fuertes de la sociedad, el enemigo más grande que hemos tenido que enfrentar”.

Se equivoca una vez más. La prensa ha hecho lo mismo de siempre: mantener informada a la ciudadanía.  Que ahora se califique a la prensa de “enemigo” simplemente porque ha evidenciado errores, incoherencias y violaciones reiteradas de las normas por parte del Régimen no puede ser motivo para calificarla como un actor político más a quien hay que someter y sancionar a través de una serie de mecanismos legales propios de regímenes totalitarios. Por mencionar solamente unos pocos ejemplos, me pregunto: ¿qué habría pasado si a través de la prensa no se hubieran hecho públicos los jugosos negocios del hermano del Presidente, de las decisiones tomadas dentro de Petroecuador, de los contratos entregados a dedo a través de los decretos de emergencia?

Este es el tema de fondo de esta persecución a la prensa: bloquear cualquier intento que tienda a exigir transparencia en los actos de gobierno. 

Por ello, por intermedio de la mal llamada “Ley de Comunicación” y principalmente a través de los artículos que tratan sobre la censura previa, la responsabilidad ulterior, el registro de los medios, la profesionalización de periodistas y con la conformación del Consejo de Comunicación e Información se quiere poner cortapisas a la labor de la prensa.

Es paradójico lo que pasa en el Ecuador. Leyes y normas que en lugar de responder a visión de futuro y de país, apuntalan intereses y relaciones de poder netamente coyunturales. 

Como ya se ha dicho hasta la saciedad, el archivo de este proyecto de ley no es un asunto que compete únicamente a los medios de comunicación, sino al ciudadano en cuanto se refiere a garantizar su derecho al libre acceso de la información.

En este sentido, yendo un poco más lejos, la lucha es por la defensa de la democracia en contra de intentos totalitarios por controlar no solo lo que se dice sino también sobre lo que se piensa.

Da la impresión que la intención de reformar el marco jurídico del Ecuador y de aprobar esta Ley de Comunicación es tener una sociedad sometida, disciplinada y controlada por un poder central que no le rinde cuentas a nadie.

Ese es el sentido de esta falsa revolución: la consolidación de un Régimen y de una sociedad  donde la libertad esté amordazada.

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