5 de March de 2010 00:00

La liberación de 48 supuestos ‘chulqueros’ es cuestionada

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Redacción Cuenca

La liberación de 48 presuntos integrantes de una banda de ‘chulqueros’ evidenció  que la relación entre policías, fiscales y jueces no está coordinada en Azuay.  El  compromiso de trabajar de forma conjunta   no se cumple.

El viernes pasado  y después de  dos meses de trabajo de Inteligencia, agentes de la Policía Judicial de Azuay detuvieron en Cuenca a 47 extranjeros y a un ecuatoriano supuestamente implicados en delitos de extorsión y estafa.

200 personas
del mercado 10 de Agosto, de Cuenca, denunciaron a los implicados ante la Policía.

El operativo se cumplió con la Intendencia de Policía de Azuay en mercados y plazas donde confluyen los comerciantes. Según el  comandante provincial de la Policía, Edmundo Merlo, prestaban dinero y les cobraban a diario un  interés alto y capital. “Si no lo hacía  le quitaban sus pertenencias”.

Según Merlo,   actuaron por denuncias de perjudicados como  Elena M., del mercado 3 de Noviembre, quien    pidió a uno de los  detenidos USD 200. Ella pagaba USD 20 al día por intereses.

“Ese dinero no lo consigo ni en un día bueno de trabajo”, aseguró la comerciante de frutas.

Según la fiscal provincial, Julia Elena Vázquez, en el distrito que ella dirige no había ninguna denuncia ni conocieron del operativo para intervenir.  Pero  Merlo aseguró que 12 días antes  informaron a la Fiscalía Provincial   sobre la investigación.

Un día después de la detención, el juez Primero de Garantías Penales, Miguel Arias, les otorgó la libertad. Su argumento fue que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin fórmula de juicio por más de 24 horas.

Arias precisó que si es que el resultado del operativo y el cúmulo de evidencias daban posibilidades de iniciar un proceso, el Fiscal debía acusar a los detenidos.

En poder de estos se encontraron tarjetas de cobro diario, celulares, anuncios de préstamos, dinero y 41 motocicletas que utilizaban para movilizarse.

A la audiencia comparecieron Leonardo Moroso, Patricia Novillo e Iván Saquicela como representantes de la Fiscalía. Según Arias, él  preguntó si  iniciarían procesos para  analizar  la pertinencia de dictar  prisión preventiva. “Me respondieron que no porque carecían de elementos que consideren que los detenidos habían cometido un delito”, recordó Arias.

El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, quien conoció el caso,  dijo a la fiscal  Vázquez que no compartía el accionar de la Fiscalía.

Sin embargo,  Vázquez insistió que nunca conocieron sobre el operativo y que no tenía  los argumentos legales para actuar.

Dijo que la investigación continúa y que pidió  a la Cancillería que le remitiera el historial de los detenidos, pues se presume que viven en el país como refugiados. Merlo expresó sentirse frustrado porque la actuación de  la Justicia  desarma el trabajo de la Policía.

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