13 de mayo de 2016 00:00

Ley Solidaria se aprobó en medio de acalorado debate

Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, enla aprobación de la Ley Solidaria. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, enla aprobación de la Ley Solidaria. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

Con gritos terminó la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en la que se aprobó, con 94 votos a favor, la Ley de Solidaridad por el terremoto. Hubo 26 legisladores en contra y siete abstenciones.

El proyecto trae una serie de ajustes tributarios entre los que se encuentra el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en dos puntos, que pasa de 12% a 14%.

El Gobierno ha defendido que el 90% de los alimentos no se afectará con esta alza. No obstante, sí se impacta a otro grupo de productos.

Entre los bienes y servicios gravados se encuentran entradas al cine, gimnasios, almuerzos, servicios bancarios, telefonía celular, ropa, electrodomésticos, etc. Mientras que los que están libres de este impuesto son alimentos como leche, aceite, frutas, carnes, servicios de limpieza, gas de uso doméstico, alquiler de vivienda, etc.

Una alusión a este último servicio generó fuertes cuestionamientos del oficialismo contra Fanny Uribe, legisladora de Avanza. Todo el debate, en realidad, se desarrolló de forma accidentada.
Durante la sesión, el asambleísta Gabriel Rivera, de Alianza País (AP), fustigó fuertemente a Uribe, indicándole que los arriendos no están gravados con el IVA.

Por su parte, Uribe cuestionó que se haya remitido el proyecto antes de tener las cifras definitivas sobre las afectaciones del terremoto y calificó de “caretucos” a los oficialistas, porque aseguró que su bloque presentó, al menos 46 propuestas para enfrentar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y que permitirían recaudar más de USD 1 700 millones”.

La legisladora aseguró que se está usando la tragedia para fijar más impuestos a los ciudadanos e indicó que deberían eliminarse las sabatinas y reducir el gasto público para conseguir más recursos.
César Umajinga, asambleísta de Pachakutik, también llamó la atención al Gobierno por haber presentado un proyecto sin datos oficiales. “¿Dónde está el análisis técnico para la reconstrucción de Manabí y las demás zonas afectadas?”, indicó.

Su discurso se volvió más fuerte cuando acusó al ponente del proyecto, el oficialista y presidente de la comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, de solo cumplir lo que dispone Carondelet. Y le increpó: “¿Cuál es su propuesta como legislador sin que esta provenga del Ejecutivo?”.

Casi al terminar la sesión, y antes de leer los cambios, Hernández calificó de indolentes a los opositores por su posición en relación con una Ley destinada a la ayuda de economías impactadas por el terremoto.

La intervención se desarrollo por momentos entre gritos de apoyo de asambleístas oficialistas y de rechazo de las bancadas opuestas al Régimen.

Los ánimos se caldearon más cuando, cerca de las 15:30, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, cerró el debate para dar paso a la votación.

Magally Orellana, asambleísta de Pachakutik, quien había solicitado la palabra y ya no pudo intervenir, se molestó y se acercó, visiblemente molesta y entre gritos, donde Rivadeneira. La Escolta Legislativa tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

La Asamblea acogió las propuestas del asambleísta Vethowen Chica para que se cobre el 10% de IVA cuando se use dinero electrónico; es decir, una rebaja de cuatro puntos. Hoy, rige una reducción de dos puntos en este tipo de transacciones.

El texto final también incluyó la propuesta de que el Banco Central del Ecuador implemente de forma gratuita el sistema de dinero electrónico en las entidades financieras privadas, particularmente las cooperativas.

El proyecto de Ley establece, entre otras medidas, que los empleados que ganen un salario superior a USD 1 000 aportarán con un día de salario o más, de acuerdo con una tabla. Quien más pagará será el trabajador que gane USD 20 000, pues aportará un día de salario durante ocho meses. En el texto final se agregó que los extranjeros que laboren en el país -al menos por seis meses- también realizarán esta contribución.

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