8 de December de 2009 00:00

Las leyes polémicas en la recta final

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Redacción Política 

Hasta febrero de 2010, la Asamblea Nacional deberá aprobar las 11 leyes prioritarias que determina la nueva Constitución para su inmediata vigencia. Los plazos avanzan con rapidez y apenas una de ellas -la del Registro de Datos-, está en segundo debate. 

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada proyecto de ley debe sortear un largo procedimiento. Primero, el documento tiene que ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde se revisa el cumplimiento de determinados requisitos formales.

Luego de este proceso, la propuesta legal pasa a una de las 13 comisiones especializadas que tiene la Asamblea o a una de las cuatro ocasionales que se crearon en septiembre pasado para agilitar el proceso de análisis.

Es posible que, sobre una misma ley, se presenten varios  proyectos. Por lo que es potestad de la comisión  unir los documentos, o priorizar uno de ellos y dejar al resto  como informes de minoría.

En un plazo de 45 días, los asambleístas que integran  una determinada comisión deben elaborar el informe de la ley y presentarlo al Pleno legislativo para que este lo discuta en primer debate. Ese es el espacio donde se realizan las  primeras observaciones y ajustes propuestos por la Asamblea. De inmediato, dichas observaciones pasan de nuevo a la comisión para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate.

En este momento, el Pleno en su conjunto aprueba la ley y de inmediato remite su texto al Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días, lo sancione (apruebe) u objete, total o parcialmente.

Si el proyecto es objetado por el Presidente de la República, el texto debe regresar al Legislativo para que se acojan los cambios propuestos.

Para tal efecto, la Asamblea solo requerirá del voto de la mayoría del Pleno. Pero si el Legislativo quiere insistir en los textos que aprobó inicialmente, necesitará de las dos terceras partes de la cámara.

De los 11 proyectos que están en discusión, siete fueron presentados por la Presidencia de la República. Estas leyes son: las de Servicio Público, de Cultura,Código Territorial, Educación General, Aguas, Educación Superior y las reformas al Código Penal Policial y Militar. Las cuatro leyes restantes cuentan con el respaldo de la bancada de Alianza País (Comunicación, Deporte, Participación Ciudadana y Registro de Datos).

Todas ellas tienen como hilo conductor el control y la regulación estatal, desde donde el Ejecutivo amplia su poder y capacidad administrativa a partir de los organismos y sistemas nacionales que se sugieren  para tal efecto.  

Este Diario recopiló los principales puntos de nueve de las 11 leyes. Se excluyeron la Ley de Comunicación, ampliamente analizada en ediciones anteriores, así como las reformas al Código Penal Policial y Militar, por no tratarse de una ley orgánica.

Educación Superior

Primer debate
10 de noviembre de 2009

Crea  el   Sistema Nacional  de Ecuación Superior (art. 11) que posee responsabilidades de control, evaluación  y aseguramiento de la calidad de educación.

Este sistema  se  articula  al Plan Nacional de Desarrollo. Los organismos  que rigen este sistema son el Consejo de Educación Superior y el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El Consejo de  Educación Superior estará  integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, seis de las universidades y un representante estudiantil.  El Consejo Nacional de Acreditación lo integrarán tres delegados  del Presidente y dos miembros de un comité elegido de entre 7  especialistas.

Ley de Aguas

Primer debate
10 de noviembre de 2009

Propone  la creación de la Autoridad Única del Agua (art. 213),  responsable de la rectoría, planificación, gestión, regulación y control de la gestión integrada de los recursos hídricos con jurisdicción en todo el país.  Esta autoridad entregará las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua. 

La Autoridad Única  del Agua se plantea la creación de organismos  que, en conjunto regularán y administrarán el recurso. Uno de ellos será el  Consejo Nacional y Plurinacional del Agua  con  participación  y control de las políticas  desde la sociedad civil.

El proyecto  prevé  un  Observatorio Social de Agua , la Agencia de Control,  el Registro Público del Agua  y una Autoridad de Demarcación Hídrica.

Ley de Comunicación

Primer debate
Jueves 10 de diciembre

Este proyecto  crea el Sistema de Comunicación Social para ejercer el derecho de las personas a la comunicación.  

El Sistema Nacional  estará conformado por el Consejo de Comunicación (art. 72)  que tiene como integrantes a dos delegados del Poder Ejecutivo. Los otros cuatro  serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana: tres representan a la ciudadanía y uno a las facultades de Comunicación.   

Este Consejo   llevará un registro de los medios de comunicación y auditar el tiraje y sintonía de los medios.

 La ley prevé aplicar sanciones administrativas a los medios de manera paralela a las establecidas en los códigos Penal y Civil.

Servicio Público

Primer debate
24 de octubre de 2009

A través de esta propuesta se busca impulsar  el desarrollo profesional, técnico y personal de los servidores públicos para  contribuir a la productividad del Estado y sus instituciones.

Se plantea que  el Ministerio de Relaciones Laborales (art. 56) sea el organismo que ejerza la rectoría de la administración y control mediante inspecciones, verificaciones y  evaluaciones de la gestión.

También está prevista la   creación de varios organismos,  entre los que se encuentran el  Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos. En esta entidad se desarrolla un  conjunto de políticas orientadas a hacer valer los derechos de las personas que asumen el rol de servidores públicos.

Código Territorial

Primer debate
24 de octubre de 2009

Regula  la organización político administrativa del Estado en el territorio, en todos los niveles de Gobierno con el fin de garantizar la  autonomía política, administrativa y financiera.

Dispone la  creación de un Consejo Regional (art. 31) que será un órgano de legislación y fiscalización. Los integrantes serán designados por votación popular y su presidente será el Gobernador Regional. Este Consejo    no podrá interferir en la gestión de la funciones del Estado.

También se articula  el Consejo Nacional de Competencias, integrado por  un representante del Ejecutivo y seis de los gobiernos seccionales. Determinará,  monitoreará  y autorizará las competencias que deben ser transferidas.

Datos Públicos

Segundo debate
9 de diciembre de 2009

El  proyecto  de ley  busca regular el sistema de registro de datos públicos y el acceso a la información generada en entidades públicas y privadas.  Estas  entidades  tienen la responsabilidad de la protección y control de los datos, que se estipulan serán públicos  y de gratuita difusión, salvo los de carácter personal.

Se prevé la   creación del Sistema Nacional de Registro de Datos (art. 29),  conformado por los registros Civil, de la Propiedad inmueble, mercantil, societario y otras entidades que manejen  información de carácter público.

Dentro del  Sistema Nacional consta  la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que estará adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones.

P. Ciudadana

Primer debate
2 de noviembre de 2009

Este proyecto,    propicia y garantiza el ejercicio de los derechos de la participación ciudadana y de organización colectiva autónoma, e instituye instancias, mecanismos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad.

A través de este proyecto   se garantiza la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social. A  la vez, sienta las bases para el funcionamiento de la  llamada democracia participativa.

Garantiza   la participación de personas y colectivos en el debate, toma de decisiones, seguimiento de las políticas y de los servicios públicos así como el control social.

Ley de Deporte

Primer debate
1 de diciembre de 2009

Este proyecto    regula el deporte, educación física, recreación y establece las normas a las que deben sujetarse para mejorar la condición física de la población.

Se determina  que el Ministerio del Deporte (art. 13) sea el órgano planificador y rector. Establece, ejerce, garantiza y aplica las políticas  y los planes . Tiene jurisdicción nacional, y  facultad privativa de control.

A este Ministerio,  las organizaciones deportivas, que reciban recursos públicos, tendrán la obligación de presentar la información de su gestión  financiera, técnica, administrativa  y el plan anual para la entrega de presupuesto. Las organizaciones deportivas deberán  presentar evaluaciones semestrales.

Ley de Cultura

Primer debate
1 de diciembre de 2009

La propuesta  define las potestades, competencias y obligaciones del Estado en el ámbito cultural para el diseño de políticas públicas a largo plazo.

 Determina  la creación del Sistema Nacional de Cultura (art. 63) para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Se trata de un  conjunto de instituciones, sujetos públicos, sociales y privados. A este sistema le corresponde el desarrollo y ejecución de políticas públicas.

El Estado crea el  Sistema Nacional de Cultura quienes deberán establecer políticas de cogestión.El organismo estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y colectivos. E l Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría.

Puntos  de vista

El exceso de control  vulnera otros derechos

Farith Simon,  analista jurídico

Esta  Constitución    da  mucho poder al Estado  a través de marcos de   regulación y control, donde el Ejecutivo, como es  el caso de la Ley de Educación Superior,  tiene  un amplio poder que  no se  establece en la  Carta Política.   Yo creo que el  exceso  de la participación estatal pone en riesgo el derecho de las personas.  Y,  aunque el fin  sea desarrollar el  control estatal,  en muchos de los casos se excede los límites de la Constitución. Estas leyes pueden  volverse medidas peligrosas si  llegan a vulnerar los derechos. También pongo reparos a la participación social, con la cual se construyeron estas leyes, porque ha sido instrumental y solo  para justificar decisiones. 

Hay que recuperar la capacidad reguladora

Ana María Larrea, Senplades

Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es recuperar algunas facultades que el Estado había perdido. La falta de control y regulación, en muchas esferas de la vida pública, han conducido a un debilitamiento. Hay muchas leyes que fortalecen esta capacidad ya que si queremos dejar todo a la regulación del mercado, lo que promovemos es un sistema injusto y desigual. Es importante que el Estado recupere la capacidad de control y regulación,  de la mano d el control social  en sectores estratégicos como el agua, educación y comunicación.  A diferencia de gobiernos pasados, en este  se abrió  un interesante espacio de participación y debate.

¿Un Estado vigilante o un Estado participativo?

Francisco Rhon,  politólogo

El Ejecutivo  tiene iniciativa para enviar leyes y lo hace en el marco de   una Constitución que busca el reposicionamiento del Estado.  No  solo estas  leyes se están poniendo en discusión, sino también  la forma en que está redactada la relación Estado-sociedad y la fuerza que se  otorga al Estado desde  la Constitución .   Yo veo que en este debate  puede existir un    problema de compresión sobre si  el Estado debe  convertirse  en una especie de vigilante sobre los demás o  si  es capaz de generar democracia y ciudadanía sustentables.
  La participación social debe ser activa, pero el Gobierno  no  ha propuesto al país discutir lo esencial de estas  leyes.

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