27 de julio de 2017 00:00

Ley de Plusvalía, prioridad en el Consejo Consultivo

El volumen de construcción en los primeros cinco  meses del 2017 decreció, según un estudio del BCE. Foto: Archivo/EL COMERCIO

El volumen de construcción en los primeros cinco meses del 2017 decreció, según un estudio del BCE. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
y Jorge González. 
Redactores (I)

La revisión de la Ley de Plusvalía es una prioridad del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tras las primeras reuniones entre el Gobierno y el sector productivo se resolvió discutir esta norma, aprobada a fines del 2016.

Para la reforma de este cuerpo legal se espera que el Gobierno tome el camino más expedito posible, mencionó Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano e integrante del Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

Martínez informó que el tratamiento de esta Ley está en la agenda del Comité Ejecutivo del Consejo como tema prioritario. Por esto, señaló que si el Jefe de Estado quiere enviarla antes de que concluya el plazo para que el Consejo Consultivo termine su trabajo, apoyará el pedido. “Esperamos que la reforma sea lo más rápido posible y con el mecanismo más eficiente”.

Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat, expresó ayer que la revisión a esta normativa surgió de los diálogos entre el sector productivo y el Gobierno. Y precisó que el presidente Lenín Moreno se ha manifestado abierto ante este planteamiento.

Sin embargo, Hernández insistió en que se debe mantener el principio de la norma: evitar la especulación de la tierra. Para el funcionario, este es un tema fundamental para desarrollar el proyecto del Gobierno de construir 325 000 viviendas.
En función de esto, se revisará las propuestas para optimizar la Ley de Plusvalía.

Los representantes del sector de la construcción insisten en la derogación de esa normativa, por los impactos negativos que ha tenido en esta actividad económica. Además, sostienen que existen ya otras leyes para regular la especulación de tierras.

La actividad de la construcción lleva 21 meses consecutivos en decrecimiento, según datos oficiales del Banco Central del Ecuador.

Para Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de Construcción del Ecuador, uno de los factores que explica esa evolución es la Ley de Plusvalía, cuya discusión empezó en el 2015 y finalmente fue aprobada en diciembre del año pasado.
Por eso, el gremio cree que la norma debe ser derogada. “No cabe maquillarla, disimularla ni ajustarla”.

En este punto coinciden también otros gremios como la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicom); la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador (Apive); y el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado en el mismo sentido.

El presidente Moreno, en su enlace semanal, ordenó la revisión de esta Ley para determinar su potencial impacto en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario.

En esta misma línea se pronunció el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien afirmó que la derogatoria “no tiene sentido”.

Serrano dijo que aún no conoce los detalles del planteamiento que propondrá el Jefe de Estado para la reforma y que espera que llegue a la Asamblea para discutirla en el interior del bloque.

“Nuestra bancada está clara que no puede haber derogatoria, pero podríamos revisar una propuesta de reforma, siempre y cuando el espíritu de lucha contra la especulación de tierras no sea afectado”, precisó Serrano.

Su coidearia, Marcela Aguiñaga, dijo que desconoce el alcance de la posible reforma. Sin embargo, adelantó que pese a que no ha conversado con su bloque, su posición será de rechazar una posibilidad de derogatoria.

María José Carrión, legisladora oficialista, fue más cauta. Anotó que siempre hay que estar abiertos a la revisión de normativas. Agregó que tras conocer el detalle de la propuesta se procederá a su análisis respectivo.

En contexto
A fines de mayo del 2015 el entonces presidente Rafael Correa anunció el envío del proyecto de Ley de Plusvalía. La iniciativa fue enviada a la Asamblea, pero fue retirado temporalmente, tras protestas ciudadanas. A finales del 2016 se envió otra vez y se aprobó.

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