8 de diciembre de 2016 00:00

Plusvalía: La ciudad de Quito tiene su catastro actualizado

Eduardo Terán/El Comercio. Con la construcción de la estación del Metro de la Jipijapa, al norte de Quito, las propiedades podrían experimentar una alta plusvalía, por la cual podrían pagar el impuesto.

Con la construcción de la estación del Metro de la Jipijapa, al norte de Quito, las propiedades podrían experimentar una alta plusvalía, por la cual podrían pagar el impuesto. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO 

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Mayra Pacheco

La actualización de la información del catastro no representará un incremento del impuesto predial para los quiteños en 2017, según el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo. Esto, una vez que el proyecto de Ley de Plusvalía exige una actualización de los catastros municipales.

En el Distrito Metropolitano de Quito, la última actualización del catastro se dio a fines del 2015. Esta tiene vigencia de dos años (hasta el 2017), por lo que no habrá aumento de avalúos y, por ende, del impuesto predial para los quiteños.

Además, a fines del 2015, el Concejo colocó ‘un candado’ para evitar que haya impactos sobre los montos que pagan los contribuyentes, por la situación económica del país, y fijó mecanismos para mantener esta información al día.

Para establecer la plusvalía, los municipios deberán tener actualizado el avalúo de los predios a un valor comprendido entre el 70 y 100% del valor del avalúo comercial.

En el caso de no acatar la elaboración, tecnificación y desarrollo, así como la actualización de los catastros, con esta nueva ley las autoridades encargadas de esta tarea podrían ser destituidas y asumir responsabilidades por perjuicios causados a los ciudadanos. Actualmente, según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, se debe actualizar el catastro cada dos años.

“A veces por razones de índole politiquera, los municipios no actualizan el catastro e incurren en malas prácticas y se generan distorsiones entre el valor real y el del catastro”, enfatizó Jorge Albán, concejal de Alianza País y vicealcalde en la administración anterior de Augusto Barrera.

En el proyecto se plantea que la plusvalía se establecerá sobre la ganancia extraordinaria. Si esta llega hasta 24 salarios básicos (USD 8 784) la tarifa será de cero y si esta supera este valor, se pagará el 75%. Esta se aplicará a partir de la segunda venta de un predio.

El proyecto de ley establece que los recursos económicos se canalizarían a los municipios para el mejoramiento de los servicios básicos de alcantarillado y agua potable.

En el Distrito Metropolitano están registrados 951 354 predios, entre urbanos y rurales. Ante esta realidad, Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que de entrar en vigencia la Ley de Plusvalía no tendría un impacto mayor en Quito. Los que se verían afectados serían los gobiernos locales pequeños, que no cuentan con recursos para actualizar esta información.

Proyecto del Ejecutivo

La normativa fue presentada el 1 de diciembre del 2016. Pretende evitar la especulación inmobiliaria, la cual genera “ganancias ilegítimas y encarece el suelo”, como lo mencionó el presidente de República Rafael Correa, durante la sesión solemne del 6 de diciembre.

El proyecto se tramita en la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente y tiene 30 días para ser aprobado. La iniciativa no tiene aceptación total en el Municipio de Quito. Las principales autoridades del Cabildo quiteño -Alcalde y vicealcalde- se pronunciaron en contra de esta normativa, que volvió a presentar la Función Ejecutiva tras ser retirada en el 2015. Por su parte, el concejal Jorge Albán (AP), resaltó algunos beneficios de este proyecto.

La postura de Mauricio Rodas, alcalde de Quito, se hizo pública durante un recorrido de obras realizado el 2 de diciembre pasado, en El Labrador. Ahí dijo que mantiene la posición que siempre ha defendido. “En principio, no estamos de acuerdo con la generación de nuevas cargas impositivas que afectan a los ciudadanos, al dinamismo económico y a la productividad. Más aún en momentos de crisis como los actuales, en los que se requería más bien promover incentivos y nuevas inversiones que generen más empleo y desarrollo económico”.

El vicealcalde Del Pozo se pronunció en contra de este proyecto de ley. Consideró que en el fondo generará nuevos impuestos en tiempos de crisis. “Esto no tiene ningún sentido porque ya existen otros impuestos que cubren este tipo de desarrollos locales (...) La plusvalía que se podría generar por obras públicas, financiadas con impuestos de los ciudadanos, es legítima y les pertenece a ellos”.

Por su parte, el concejal Jorge Albán, afín al Gobierno, dijo estar de acuerdo con el concepto general de cobrar la plusvalía y asignar estos recursos a los municipios, porque estos requieren de ingresos adicionales y así también se contribuirá para evitar la especulación del suelo.

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