Ley de Plusvalía se derogaría, pero se analizarán más opciones

El complejo Ágora se construye frente a Mall del Sol, en Guayaquil. Constructores reportan bajas ventas. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

El complejo Ágora se construye frente a Mall del Sol, en Guayaquil. Constructores reportan bajas ventas. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

El complejo Ágora se construye frente a Mall del Sol, en Guayaquil. Constructores reportan bajas ventas. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

La derogatoria de la Ley para evitar la Especulación de la Tierra, conocida como Ley de Plusvalía, fue incluida en la consulta popular, al concluir que las cargas tributarias impuestas no fueron las adecuadas.

Ese fue el argumento que presentó el presidente de la República, Lenín Moreno, en septiembre del 2017, cuando recalcó que el tributo es “ocasional e irregular”, al gravar tanto a patrimonios grandes como pequeños. Además, señaló que la actual Ley no cumple con su objetivo de combatir la especulación de la tierra.

Pero con la derogatoria el tema no queda cerrado. El Mandatario también anunció que se trabajarán en nuevas propuestas para combatir la especulación de tierras.

Actualmente existen leyes como la de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que en su artículo 60 detalla instrumentos para regular el mercado del suelo y evitar prácticas especulativas.

Los representantes del sector de la construcción señalan, además, que los gobiernos locales también cuentan con ordenanzas para regular el tema. Un ejemplo es el Municipio de Quito, que desde septiembre cuenta con una ordenanza que regula la concesión onerosa de derechos en proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales (PUAE).

No obstante de ello, están dispuestos a participar en un nuevo debate siempre que sea tomada en cuenta su opinión .

La Ley para evitar la Especulación de la Tierra, conocida como de plusvalía, fue aprobada el 27 de diciembre de 2016, tras un año y medio de discusión y en medio de controversias y desacuerdos entre el Gobierno y representantes de la actividad inmobiliaria.

Con la eliminación de dicha ley, el Gobierno busca impulsa al sector inmobiliario y, con ello, reducir el déficit de vivienda. El Presidente enfatizó en que la Ley de plusvalía no coadyuva a cumplir con el plan Casa para Todos, que busca solucionar ese déficit.Asimismo, se pretende disminuir la tasa de desempleo del sector de la construcción, que lleva 24 meses de contracción.

Para Jorge Merlo, presidente del Colegio de Ingenieros de Pichincha, la falta de proyectos inmobiliarios ha generado la pérdida de unos 150 puestos de trabajo por día. De aprobarse la derogatoria de la ley, los inmuebles se venderán sin cargas tributarias y, con ello, el sector esperaría una mejora.

Para el exasambleísta Virgilio Hernández, la pregunta sobre la derogatoria evidencia “que el Gobierno ha cedido a los intereses de las cámaras de la construcción y grupos de poder que han tomado la derogatoria como un emblema”.

Enfatizó en que la ley lleva en vigencia 10 meses; por lo que no se le puede atribuir los efectos de lo que ha ocurrido los dos últimos años.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que en el país hubo un crecimiento de los permisos de construcción en el 2016, de un 5% frente al año previo, aunque no ocurrió lo mismo con la proyección del número de viviendas.

Según el INEC, la proyección para 2016 fue de 58 675 viviendas a construir, lo que representa una caída con respecto a períodos anteriores: 69 907 en el 2015 y 68 349 en el 2014. La construcción cerró el año pasado con una contracción del 5,2%, según datos del BCE.

Esas cifras confirman, para constructores, los efectos perniciosos de la Ley de Plusvalía.

Alberto Andino, extitular del Colegio de Arquitectos de Pichincha y gerente de Andino y Asociados, asegura que tuvieron que suprimir los proyectos de más de USD 100 000 porque cayó la demanda. “Se vende menos de la mitad de lo que se vendía hace dos años”.

Jaime Arango, gerente de la constructora Furoiani Obras y Proyectos, dice que las ventas en el sector bajaron 60% desde 2015, cuando empezó la discusión de la norma. El directivo agrega que lo que se ha construido recientemente corresponde a permisos aprobados en años pasados.

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