12 de mayo de 2016 16:08

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y Gestión del Suelo genera preocupación en Quito

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Isabel Alarcón

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprobada este jueves 12 de mayo, ha generado diversas opiniones dentro y fuera del Consejo Metropolitano. Una de las principales preocupaciones de su entrada en vigencia es la centralización del poder en el Estado.

Para el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, la nueva ley violenta una competencia que la Constitución confiere de forma exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Además, establece una Superintendencia que genera mecanismos de control sobre lo que es competencia de los gobiernos locales.

La preocupación en torno a la puesta en vigencia de la ley también radica en la generación de más gasto público en una época de inestabilidad económica. El respeto a las autonomías locales se están viendo severamente afectadas, dice Rodas.

La vicealcaldesa del Distrito, Daniela Chacón, ha demostrado su inconformidad con la aprobación de esta ley y plantea dos cuestionamientos principales. El primero es que la Superintendencia esté conformada por miembros nombrados por el ejecutivo.

Este organismo pasará a controlar una competencia que es exclusiva del Municipio, dice Chacón. Los integrantes de la Superintendencia evaluarán y sancionarán las ordenanzas y obras que los Municipios estén llevando a cabo, con base en los parámetros que ellos mismo establezcan.

El segundo cuestionamiento se da en torno a la creación de “más burocracias” para manejar espacios autónomos. En la actualidad ya existen entidades del Estado como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) que ya están listas para responder ante la falta de coordinación entre los gobiernos centrales y el gobierno central. Para Chacón, lo que se debería hacer es fortalecer a los municipios y verificar que los órganos de control existentes cumplan con su función.

Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, está de acuerdo con Chacón en que la aprobación de esta ley representa más burocracia y un retroceso para todas las ciudades del Ecuador. La creación de una entidad regulatoria sería aceptable si fuera un organismo técnico que preste asistencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), pero esta nueva institución está orientada a vigilar y controlar, dice Moncayo.

Para el ex Alcalde, en el momento en que se posiciona a un superintendente en una competencia exclusiva del municipio, se termina con el concepto de autonomía y por lo tanto, "deberían dejar de llamarse Gobiernos Autónomos Descentralizados". Lo que cree que se debería haber hecho ante esta medida es colocar una demanda en la Corte Constitucional.

Para Andrés Vallejo, ex alcalde de Quito, se debería buscar el diálogo en estas circunstancias para que está ley no se ponga en práctica. Para él, esto solo responde a una política que se ha llevado a cabo desde el gobierno con un afán centralizador.

Además, no está de acuerdo en que se cree un nuevo organismo en una época en la que se atraviesan dificultades económicas.
Si bien Quito cuenta con ordenanzas para manejar el suelo, con esta medida se busca fortalecer y ampliar los instrumentos de control, dice Jorge Albán, concejal por Alianza País. “Es un avance para el país y el Municipio”, cree el concejal.

En lo que no está totalmente de acuerdo, y no cree necesario, es en la creación de la Superintendencia. Lo que se debe hacer es fortalecer la gestión municipal y la función de Supervisión que tiene el Consejo. Para Albán, todos deben adecuarse a esta ley que representa un avance para los gobiernos.

Quienes se oponen a la ley, según Chacón, están analizando diferentes acciones como la aplicación de una demanda de inconstitucionalidad. Cuando la ley entre en funcionamiento, estarán vigilantes en cómo se va a establecer el control y cómo plantear una lucha por la autonomía.

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