6 de December de 2009 00:00

Una ‘ley mordaza’ no pasó en el Perú

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El Comercio, Perú, GDA

Aunque  los ataques a la prensa en el Perú no han dejado de registrarse, no existe en el país la amenaza, que sí existe en otros, de leyes o reformas de leyes que impliquen un riesgo para ella. Muy por el contrario, a diferencia de sus instituciones públicas, la prensa en el Perú y el ejercicio periodístico gozan de un respaldo mayoritario de su ciudadanía. Según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, más del 60% la considera confiable, pese a que una gran mayoría también cree que ella es sensible a la influencia del poder.

Solo de ese modo se puede entender que el único intento de parte del Gobierno, vía la reforma legal, de acallar a la prensa haya fracasado ostensiblemente. En agosto de este año, el intento del Gobierno de impulsar un polémico proyecto de Ley sobre el derecho de rectificación, y que en la practica era una “auténtica mordaza” y que como tal fue denominada, no prosperó gracias al fuerte rechazo unánime que por parte del gremio periodístico y de la opinión pública tuvo y que desanimó a su promotora, la congresista Mercedes Cabanillas, a insistir en ella.

En ese sentido, las amenazas y riesgos que la prensa sufre no son los mismos que existían, por ejemplo, en la época del ex presidente Alberto Fujimori, pero se puede afirmar que han refinado con sutileza los métodos e instrumentos que el ex Mandatario  utilizó: la vía judicial y el acoso tributario.

En lo que va del año, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) tiene registrado 78 casos de atentados a la libertad de prensa en el país, que van desde agresiones físicas e intimidaciones, hasta la incautación de diarios para evitar que se conozcan las denuncias periodísticas, pasando, por supuesto, por la presión judicial y tributaria mencionadas anteriormente.

El caso más emblemático de  acoso al periodismo independiente fue el de La Voz de Bagua, la emisora de la selva que transmitió   la revuelta indígena en Amazonas del 5 de junio y que se saldó con la muerte de 25 policías y 9 indígenas muertos, además de casi medio centenar de estos últimos desaparecidos.

La ministra del Interior de entonces, Mercedes Cabanillas (la misma que luego intentaría sancionar una ‘ley mordaza’ para la prensa), acusó a la emisora de incitar a la violencia a los radioescuchas de la zona. La licencia de la radio  fue anulada.   

Intervención en un canal

Otro caso emblemático de acoso a la prensa fue el Panamericana Televisión Canal 5.  Por los mismos días en que se registraba el cierre de La Voz de Bagua, el organismo supervisor tributario peruano, la Sunat, asumía la administración temporal del canal, para asegurar el pago de una deuda de 117 millones de soles /(USD 30 millones). Luego nombró como interventor administrador a un empresario de amplia experiencia en el negocio televisivo. 

Las críticas a la intervención, que se saltó los procedimientos legal y coactivo regulares, no se hicieron esperar y la Sunat tuvo que retirarse.  La intervención fallida puso en evidencia la intención del Gobierno peruano   de evitar el retorno a la administración del canal de una facción opositora.

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