19 de November de 2009 00:00

La ley de medios, lista para el debate

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Redacción Política     

La mayoría de A. País matizó el proyecto de Ley de Comunicación para reflejar  que no  se  quiere favorecer  al Gobierno. Las principales  modificaciones se aplicaron  en el punto clave de la propuesta:  la creación de un consejo estatal para manejar la comunicación.  

Este tema quebró la armonía de la reunión de ayer. En la mañana, desde las 10:00 hasta las 13:00, la sesión de la comisión fue distendida. Hubo  oportunidad para hacer barras por el Deportivo Quito y por la Liga de Quito. Se lanzaron   bromas y todos salieron sonrientes. Durante esas tres horas se aprobaron 11 artículos que habían quedado pendientes.

El debate se suspendió por una hora. Al retorno, los asambleístas sabían  el camino que  tomarían. 

Los legisladores de oposición, César Montúfar,  Cynthia Viteri y Fausto Cobo   dejaron la comisión. Lo hicieron luego de que se negara una moción para borrar los capítulos sobre el consejo de comunicación y otro de sanciones a los medios.   Ellos elogiaron la apertura para el  debate en la comisión, pero aseguraron que “no creen  en una ley que  puede afectar  las libertades   ciudadanas”.

Los tres asambleístas prepararán un informe de minoría para presentarlo a la Asamblea.

La sesión no se detuvo  y  los seis miembros de País (Betty Carrillo, Mauro Andino, María A.  Calle, Rolando Panchana, Ángel Vilema y Maruja Jaramillo);  con la representante de Pachakutik, Lourdes Tibán; y con  Jimmy Pinoargote, del Movimiento Municipalista, siguieron con la aprobación. 

Los comisionados incluyeron en el proyecto de ley la creación del Consejo de Comunicación. Pero realizaron   cambios en su conformación y facultades.

El organismo tendrá seis miembros,  solo dos serán   delegados del Ejecutivo: uno del Ministerio de Educación y otro de la Cartera de Cultura. Habrá otro de las universidades y  tres  de  la sociedad,    que serán escogidos   por el   Consejo de Participación Ciudadana. 

Asimismo, en  la sesión se decidió que el consejo no podrá regular contenidos mediáticos. Pero sí creará políticas de comunicación e información; hará seguimientos a  las  publicaciones y programación de  los medios. Y tendrá  la última palabra entre controversias surgidas entre el Defensor del Lector y la prensa.

Hacia  las 19:00, los asambleístas  acabaron con  su tarea.  La aprobación de al menos el  70% de los  artículos de  la ley lo lograron, maratónicamente, en  dos días.      

La reunión legislativa empezó a las 10:00 y terminó a las 19:00

Imparcialidad del Estado.  Se compromete a que ningún representante del Estado establecerá  referentes oficiales  y obligatorios para el pensamiento y opinión de la gente.

Independencia editorial.  En este artículo se dará  la potestad al periodista para  indagar y    emitir opiniones libremente y sin censura previa sobre hechos de interés público, siempre que estos no afecten al derecho a una información veraz ni a otros  derechos fundamentales.  El uso del término veraz dentro del artículo causó malestar.

Las reglas para la TV.  Deberá incluir, progresivamente, al menos un 40% de producción nacional en su programación diaria, incluido un 10% de producción nacional independiente. En el caso de la producción independiente tendrá un plazo de cinco años.

Las radios.  Las emisoras del país deberán difundir en todos sus programas un mínimo del 25%, progresivamente, de música producida, compuesta y  ejecutada en nuestro medio  y un el 75% de música  internacional. 

El consejo  de comunicación.    Será  el máximo organismo dentro del sistema nacional de comunicación. Estará compuesto por delegados de los ministerios de Educación y de Cultura; por un  represente de las universidades  y tres de la sociedad civil. Entre otras funciones, podrá auditar el tiraje o la sintonía de los medios; propondrá  pautas sobre el cumplimiento de los códigos éticos y la responsabilidad social y  resolverá asuntos de  controversias en el área de comunicación. Estará apoyado por una secretaría técnica y un consejo consultivo.   

El  Defensor  del Público.   Es otra de las propuesta de la comisión legislativa. Este funcionario será elegido por un concurso que realice el Consejo Nacional Electoral y que estará regido por la Defensoría del Pueblo. Se pretende que tenga la facultad de recibir quejas y denuncias de los afectados  de medios e instituciones públicas. Podrá incentivar la solución amistosa de esos conflictos; dispondrá de medidas de protección a favor de los afectados. También emitirá recomendaciones públicas  a los medios de comunicación,   periodistas, o instituciones que violenten los derechos  y podrá solicitar su juzgamiento en el consejo de comunicación.  

La información estatal.   Los canales de televisión y las emisoras  radiales deberán   transmitir, al menos una vez al mes, en un máximo de 20 minutos, en cadena nacional, mensajes informativos de las principales autoridades de las funciones del  Estado. Además, destinarán  una hora diaria, no acumulable, de lunes a sábado, para programas educativos oficiales. El mismo espacio deberán entregar los medios impresos.

Las veedurías.    Las  personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos sociales tendrán  el derecho de organizarse para formar organizaciones que puedan promover y defender desde la ciudadanía, los derechos comunicacionales.

Las sanciones.    Los medios podrán ser suspendidos por realizar o  incentivar “actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública”. Para  el oficialismo este informe frenará cualquier suspicacia para castigar a un medio. Además, solo se podrá cerrarlo definitivamente, cuando haya reincidido en esta violación. También se incluyeron   sanciones escritas y multas de hasta 50 salarios mínimos contra los medios.

El proceso para sancionar.  Las personas que se crean afectadas por los juicios o informaciones de los medios de comunicación podrán presentar una queja ante el Consejo. En 72 horas los denunciados deberán responder. Luego de eso se convocará a una diligencia, donde se definirá una solución amistosa, la sanción o el archivo de la causa contra el medio.

Los juicios de valor.  Ayer se sumó  al texto esta propuesta:  “Los juicios de opinión que generen vulneración a la imparcialidad del sistema de administración de justicia. Este principio  es para precautelar el estado de inocencia de  las personas. Sin que esta restricción impida la investigación periodística”. Para la oposición esto terminará con las denuncias  e investigaciones periodísticas  contra los funcionarios públicos.

El registro de medios.   Los medios deberán cumplir con esa norma. Se aseguró que solamente será por una ocasión, pero en el texto se incluyó que el consejo  podrá convocar a  procesos obligatorios de actualización de los datos  del registro.   

Los medios públicos.  Está previsto que sean manejados por dos consejos: administrativo y editorial. El titular del presidente del consejo administrativo será escogido por un concurso y lo acompañarán en el organismo el Secretario Nacional de Comunicación (quien es representante del  Ejecutivo)  y dos delegados  de las universidades.

Prescripción de sanciones.   Fue el último artículo incluido y señala que el ejercicio de las "acciones para iniciar el juzgamiento y determinar la existencia de infracciones, así como la potestad para sancionarlas, prescriben en un año, luego de cometidas".

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